Cierto es que los indicadores previstos para 2017 auguran un menor crecimiento económico y que las valoraciones sobre el estado de salud de nuestro país en general y de Castilla y León, en particular, dependen del tamiz que empleemos en el análisis. Pero hay cuestiones innegables, que se sostienen en datos contrastados y exentos de sesgos ideológicos. Así que vayamos por partes.
Empecemos recordando que cualquier escenario local o nacional va a estar influenciado por los vientos que soplen en el exterior. Y los de este año dibujan un cruce isobárico preocupante. De un lado, la nueva presidencia de Estados Unidos bajo un telúrico mandatario como es Donald Trump. De otro, los procesos electorales anunciados en los países de nuestro entorno (Alemania, Francia y Holanda). Y todo ello en un ambiente de creciente temor ante el terrorismo provocado por el fanatismo islámico.
Más cerca, en España, nos adentramos en un período inquietante como consecuencia de un Gobierno en minoría parlamentaria que tiene que negociar, entre otros asuntos, los presupuestos del Estado y afrontar el enésimo envite del nacionalismo catalán. Un espacio de tiempo en el que tampoco podremos sustraernos a los procesos congresuales que van a celebrar las cuatro principales fuerzas políticas del país. Lo que suceda en unos y otros ámbitos influenciará en la temperatura nacional o, lo que es lo mismo, nos permitirá desenvolvernos en un clima más benévolo o, por el contrario, convivir bajo presiones atmosféricas insospechadas.
Y todo lo anterior afectará, obviamente, a la comunidad. Un territorio que cerró 2016 con claros y oscuros, aunque con mejores y esperanzadoras perspectivas que hace, por ejemplo, dos años. Lo más negativo sigue siendo, sin duda, ese alto número de desempleados (178.186 personas), a pesar del significativo descenso que sitúa la tasa de paro en el 13,9%, casi siete puntos menos que en 2014.
Los principales indicadores económicos y sociales que acaban de hacerse públicos dibujan una región con menos población por efecto de la menor tasa de natalidad, el progresivo envejecimiento y el ligero aumento de la población residente en el exterior. Con una media de PIB "per cápita" de unos 22.000 euros anuales, Castilla y León baja su porcentaje de población en riesgo de pobreza (el 18,3%), mantiene su capacidad de depósito en cifras nada desdeñables (unos 65.000 millones el pasado año) y aumenta el patrimonio invertido en fondos de inversión al pasar de los 13.499 millones de euros registrados en 2014 a los 15.794 contabilizados un año después, sin menospreciar otros 5.000 millones en planes de pensiones. Todos estos números trazan una comunidad ahorradora, a pesar del alto porcentaje de mayores de 65 años y de que el ratio de afiliados por pensionista es de solo 1,4, lo que viene a confirmar el grave problema que se avecina.
Paradójicos son, por otro lado, los datos en educación. Los excelentes resultados del informe PISA no producen menoscabo en la media de abandono escolar, que alcanza el 17%; ni tampoco en el gasto medio por hogar en esta materia, que ha bajado en un año 45 euros, situándose en 244 euros en 2015 (último año oficial).
Un balance que también desvela incoherencias en sanidad, donde la buena nota que alcanza la comunidad tiene que ver más con la profesionalidad de los trabajadores del Sacyl que con la eficacia administrativa. Buena prueba de esto lo explica la evolución de las listas de espera quirúrgicas, donde, a 30 de septiembre de 2016, había 32.041 pacientes en esa situación.
Destaca de manera negativa el aumento en días de demora en intervenciones en los grados de mayor prioridad, con incrementos medios de 15 días. Cierto es que, por el contrario, se mantiene la reducción lograda en demoras en primeras consultas y pruebas diagnósticas.
Estamos, por tanto, ante un balance con claros oscuros, en el que la progresión económica y laboral aporta la cara más positiva y en el que áreas tan esenciales como sanidad y educación deben mejorar significativamente sus dígitos.
