Ha sido la de los planes esta última semana de febrero. Pero, sobre todo ha sido la semana, por fin, en la que después de un año de espera, que en principio iban a ser tres meses, se dio a conocer públicamente lo que ya se conocía a través de inevitables filtraciones: la revisión del Plan de Urbanismo de Zamora. Igualmente, y aunque haya pasado mucho más desapercibido el asunto, la Diputación, en la que el PP, al contrario que en el Ayuntamiento de la capital, es mayoritario, presentó un plan trienal para la provincia en el que entre otras varias e interesantes inversiones se destinan siete millones de euros para la mejora, tan necesaria, de las carreteras de la provincia; un buen plan, en general, sino fuera porque para su financiación la institución ha de solicitar un crédito de 33 millones que se unen a los 40 que se deben, y ya se sabe quien acaba pagando al final. No es de extrañar que con el ejemplo dado por las Administraciones locales, seamos los españoles los más endeudados de Europa, según se venía advirtiendo hace mucho tiempo por los organismos competentes.

En cuanto al Plan de Urbanismo fue presentado en un acto público que no tuvo mucho público precisamente, y en el cual la alcaldesa de la ciudad hizo rotundo hincapié acerca de que el proyecto atendía a los intereses generales de Zamora y no, de ninguna manera, a intereses particulares. Cómo si una cosa no pudiera ser compatible con la otra. Su intervención, más política que técnica en buena lógica, no gustó a la oposición que sigue contemplando sombras de dudas y sospechas en torno al PGOU. Y menos gustó el absurdo de que después de tanta demora, después de que la revisión no ha quedado aprobada en febrero como tanto alardeó el equipo de gobierno, se pretendiese que los restantes grupos municipales: PSOE, IU y Adeiza tomasen su decisión respecto a la aprobación del asunto en sólo 48 horas.

Aunque los dos partidos de izquierda ya tienen anunciada su negativa, todos estuvieron de acuerdo en rechazar tal sinrazón advirtiendo de que si se seguía con el plazo dado los votos serían en contra en su totalidad. Con lo cual a Rosa Valdeón y los suyos no les ha quedado más remedio que conceder una prórroga de quince días antes del pronunciamiento definitivo que como se sabe sólo depende de los independientes de Adeiza, cuyo apoyo al PP se da bastante por hecho.

Una vez más llama la atención las maneras equívocas, la falta de oficio, con que se gestionan las cosas en el Ayuntamiento, tal cual como si el equipo de gobierno dispusiese de la mayoría y del rodillo consiguiente. O están muy seguros de los votos de Adeiza o no se comprende. Como no se comprende tampoco la errónea decisión de querellarse contra IU por la filtración del documento del PGOU, que ha sido admitida a trámite en el juzgado, pero que ha sido desautorizada por el Pleno. La alcaldesa asegura que era su deber denunciar un delito pero los tres grupos de la oposición se preguntan que quien es la alcaldesa para decidir si hay o no delito y desde el PSOE se va más lejos y se pide que la querella la pague Valdeón con su dinero. Y es que la batalla municipal no cesa.