Fue el 28 de enero de 2011 cuando empezó todo. El pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó, a instancias del Foro de Zamora, la declaración de sus festejos taurinos como patrimonio cultural inmaterial. Después harían lo mismo otros dieciséis municipios de Zamora y cientos en España. Ese proceso fue clave para que el Parlamento español, tras registrar una Iniciativa Legislativo Popular que apoyaron más de 500.000 firmas, diera luz verde a la declaración de los toros como patrimonio cultural de España. Esa norma ha sido clave para que ayer el Constitucional anulara la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

En ese proceso que se inició en la Ciudad de Doña Elvira bajo el respaldo del entonces alcalde Jesús Sedano y del concejal José Luis Prieto, ha empujado mucho el presidente de la Asociación Internacional de la Tauromaquia (AIT), Williams Cárdenas y también miembros del foro de Zamora, principalmente Francisco Pérez.

El Foro Taurino de Zamora nació con la pretensión de conseguir que la tauromaquia fuera reconocida como patrimonio cultural. Uno de sus portavoces, Francisco Pérez, se mostraba ayer "muy satisfecho" con el fallo del Constitucional, "una sentencia que llevábamos años esperando y que nos parece que hace justicia".

La plataforma taurina zamorana entiende que después del fallo del Constitucional "quien quiera prohibir los festejos taurinos se lo tiene que pensar dos veces. Las manifestaciones taurinas son cultura y son competencia del Estado".

En la decisión del tribunal ha sido clave la ley estatal de 2013. La sentencia anula la norma catalana que prohibió las corridas de toros, argumentando que la ley no respeta la competencia del Estado en cuestiones culturales.

El argumento está claro: la prohibición no es competencia de la Generalitat, porque en 2013 la tauromaquia fue reconocida por el Estado patrimonio cultural común. Sí que pueden las comunidades autónomas regular los espectáculos y proteger a los animales.

La regulación ya la ejercen algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, que tiene normas de control de los festejos taurinos populares. En este marco se engloba la decisión de la Junta de prohibir el Toro de Vega.

El recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de prohibir los toros en Cataluña fue presentado por el grupo de senadores del PP el 28 de octubre de 2010. El entonces senador por la provincia de Zamora, Jesús Sedano, fue uno de los cien firmantes del escrito.

Williams Cárdenas, presidente de la Asociación Internacional de la Tauromaquia (AIT), remarca que Zamora "ha sido clave" en el proceso "porque el argumento central del Constitucional para anular la prohibición, acordada en Cataluña, es que la tauromaquia es cultura y así lo reconocen las leyes estatales de 2013 y 2015, en cuya aprobación tuvo mucho que ver el proceso popular iniciado en Toro".

Para Cárdenas, es "muy importante" la sentencia "porque anula por inconstitucional una prohibición y permite que los toros vuelvan a Cataluña". También "porque crea doctrina" al reconocer a la tauromaquia como patrimonio inmaterial cultural y señala que el Parlamento Catalán violó con la norma aprobada los derechos constitucionales.

Asimismo, destaca el presidente de la AIT que el fallo del Constitucional "va a suponer un freno" para quienes, a partir de ahora, quieran prohibir las manifestaciones taurinas "y lo mismo que la decisión catalana tuvo mucho eco en otros países, y nos hizo daño, también esta sentencia lo va a tener en sentido contrario. La tauromaquia es cultura y eso, desde ahora, nadie lo va a poner en duda, y si lo hace tendrá que atenerse a las consecuencias".