Dinero eléctrico o "colapso" rural

La Asociación de Municipios Afectados por Embalses y Centrales lleva más de veinte años de lucha con el sector energético para poder "sobrevivir" con el ingreso de los impuestos

25.11.2015 | 17:35

Eléctricas y municipios afectados por los embalses y centrales hidroeléctricas comenzaron hace más de dos décadas a mirarse como dos jugadores de póker que tienen unos ases en la mano y otros en la manga, pero que están obligados a jugar limpio una partida de gran premio. Alcaldes que han llegado por primera vez a la Alcaldía, como Carbajales de Alba y Porto de Sanabria, que desconocían esta mina, han sido puestos al corriente de las posibilidades económicas que ofrece sector hidráulico y sueñan alto.

La implantación de grandes y productivos complejos eléctricos, con gran afectación a los terrenos y a las poblaciones, llevó a los ayuntamientos a unir sus fuerzas y reivindicar más contraprestaciones, y así, en el año 1994, formaron la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora. El objeto "es básicamente la defensa de los intereses de los Municipios integrados en la misma, en cuyos términos municipales están establecidas instalaciones de producción de energía hidroeléctrica y embalses, y en particular -entre otros- el asesoramiento de los problemas derivadas de tales instalaciones, tanto en los aspectos tributarios como en cualquier otro de interés para los asociados" expresa, en su informe, la responsable de la gestión de la Asociación.

Una de las razones para crear la Asociación "fue y sigue siendo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que repercute en las instalaciones de producción de energía eléctrica. La debilidad de los municipios frente al ámbito legal que regulaba las instalaciones de producción de energía eléctrica hizo que un objetivo básico la modificación de las tarifas de IAE". También se luchó con denuedo "por derogar el Decreto favorable a las denominadas paradas técnicas, que perjudicaba gravemente la situación económica y financiera de todos los Ayuntamientos afectados por centrales y embalses". Fruto de estas posiciones, y tras diversas reuniones, el grupo parlamentario catalán presentó una proposición que fue aprobada por todos los grupos políticos representados en el Parlamento.

Al cabo se consiguió derogar el decreto por el que se dictaban las normas para las reducciones correspondientes a la producción de energía eléctrica. Con "las paradas técnicas" reducían las cuotas del IAE y por tanto mermaban los ingresos de los Ayuntamientos. Tras la derogación la Empresas Hidroeléctricas tienen que abonar a los Ayuntamientos la cuota íntegra del IAE sin que puedan reducir "las paradas técnicas" que, en muchos casos, suponían una reducción del pago del impuesto al Ayuntamiento de hasta el 80%.

Resultado de estas gestiones fue que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1.995 incluyera una partida de 1.500 millones de pesetas, prorrogándose a otros 1.500 millones de pesetas en los Presupuestos de 1.996, y así compensar dichas reducciones, correspondientes a los ejercicios 1.989-1994. En total 3.000 millones de pesetas para los Ayuntamientos de todo el territorio nacional afectados por centrales y embalses. Pero no era suficiente dicha consignación para hacer frente a la deuda de la totalidad de los municipios afectados, y se consiguió una nueva partida que quedó reflejada en los Ley de Presupuestos de 1.997 y que ascendía a 9.180 millones de pesetas para hacer frente a la totalidad de las compensaciones y en la que se amplía el periodo de 1989-1995 ya que en 1.996 entra en vigor la nueva normativa y desaparecen las "paradas técnicas". Por tanto, los municipios españoles disponían de 12.180 millones de pesetas para dichas compensaciones.

Para el reparto de esta cantidad, los ayuntamientos cumplimentaron los expedientes de acuerdo a una Orden Ministerial y remitiéndolos a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales para que abonaran las cantidades correspondientes a cada Ayuntamiento, tarea que se hizo desde la Asociación que preside Javier Aguado con ayuda del Servicio de Recaudación de la Diputación de Zamora como la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Zamora. Los municipios afectados de la provincia de Zamora repartieron más de 350 millones de pesetas.

La promesa electoral del Partido Popular de suprimir este impuesto reactivó a la Asociación "que inició una campaña de concienciación con los Ayuntamientos, así como todo tipo de gestiones ante la Administración Central, la Dirección General de Fondos Comunitarios, los grupos parlamentarios y la FEMP, para dar a conocer la grave situación que acarrearía para las finanzas de los ayuntamientos afectados por centrales y embalses, en los que precisamente el principal y casi único recurso es el que proviene de este impuesto por la actividad de la central hidroeléctrica, suponiendo este impuesto en muchos casos el 70%-80% de los ingresos ordinarios de las corporaciones locales". "De suprimirse este impuesto, se apunta, los municipios con centrales y embalses, todos ellos rurales y con unos ingresos que proceden en gran parte de las actividades de producción de energía hidroeléctrica, verán colapsadas sus finanza municipales". Esta "delicada situación llevó a la Asociación a defender los legítimos intereses en todos los órdenes y a todas las instancias, pues estaba en juego la supervivencia de cientos de pequeños municipios rurales".

La alegría vino en el año 2002 cuando, según se recoge en el informe, "el Gobierno comunicó "su voluntad de no suprimir el IAE a las grandes empresas (aquellas cuyo volumen de negocio supere el millón de euros y que concierne prácticamente a todas las hidroeléctricas) ya que entendieron la quiebra técnica que podría suponer a muchos Ayuntamientos. Hoy es un impuesto consolidado".

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