La Asociación de Municipios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas inician un nuevo periodo que estará marcado por incrementar las reivindicaciones a las eléctricas, pero en esta nueva etapa cimentadas en la fuerza de la ley. "Sacar ingresos con modificaciones legislativas", es la frase. Y buscarán más el apoyo de los partidos políticos y del empresariado que seguir por el sendero judicial llevado hasta ahora.

Lucharán porque se modifique la Ley de Haciendas Locales y las normas relativas a impuestos para conseguir que el sector de la generación de los kilovatios esté obligado a abonar a los ayuntamientos por conceptos que están ahí, pero que los alcaldes consideran que han quedado desfasados, o no están contemplados, o no están debidamente valorados o sometidos al impuesto. Entre las aspiraciones está una nueva la subida del Impuesto de Actividades Económicas, así como tener en cuenta "el coeficiente de situación" de las centrales hidroeléctricas, "pues no paga lo mismo un bar de la calle Mayor que un bar de los arrabales de la ciudad" expresan en fuentes de la Asociación. Además, seguirá adelante la batalla por lograr que abonen por el uso de terrenos públicos con torretas y tendidos, y por elevar el valor catastral de los embalses. "Han sido cuatro años de ordenanzas y recursos, y ahora será una etapa más centrada en cambiar la legislación para elevar los impuestos" indican.

Son cuestiones debatidas la Asamblea celebrada el pasado fin de semana por la Asociación de Municipios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas, en Muelas del Pan, y en la que se nombró una nueva Junta Directiva que estará presida por el alcalde de San Cebrián de Castro, Javier Aguado.

El Comité Ejecutivo de la Asociación lo conforman, además, el alcalde de Villardiegua de la Ribera Silvestre Antonio Fernando (hasta ahora presidente), el alcalde de Muela Luis Alberto Miguel, el regidor de Mombuey Francisco Antón Rapino, el alcalde de Cernadilla Herminio Aparicio, el alcalde de Fonfría Jesús Lira, la alcaldesa de Porto Guadalupe Carracedo, la alcaldesa de Manzanal del Barco Ana Isabel Baena, el alcalde de Villalcampo Miguel Ángel Miguel, el alcalde de Pereruela Jesús Carnero, el regidor de Carbajales Manuel Fidalgo y la alcaldesa de Vega de Tera Tamara Fuentes.

También fue nombrado el representante en el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional, que será Javier Aguado. Igualmente, para el Consejo Permanente fueron elegidos el nuevo presidente, el alcalde de Mombuey, el regidor de Palacios de Sanabria Jesús Fernández y la alcaldesa de Vega de Tera.

La entrada de gente joven y nueva fue destacada como un aliciente para mantener vivo el espíritu de reivindicación ante el sector eléctrico. La Asamblea contó con la asistencia del coordinador de la Federación Nacional Francisco Gómez, que explicó el funcionamiento de la Federación de Asociaciones de Municipios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas, así como las actuaciones realizadas durante los años de existencia, tales como las relacionadas con el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales, los llamados Biceps, y otros logros. También se abordó el asunto, aún no resuelto, pero en el que tienen puestas sus esperanzas los ayuntamientos, de las ordenanzas para tasar la ocupación de terrenos públicos con infraestructuras eléctricas. Es una cuestión que llevó a los Equipos de Gobierno municipales a elaborar unas ordenanzas demasiado optimistas y que los tribunales echaron abajo, no como ordenanza, sino por considerar sobrevalorada la tasación. A la modificación de las mismas han respondido las compañías eléctricas y las operadoras con los consabidos recursos ante las instancias judiciales.

Elevar el Impuesto de Actividad Económica, "que ya está consolidado", es una apuesta clave para los ayuntamientos por el montante que supone el ingreso de las empresas que facturan más de un millón de euros. "Se intentará que lo que se paga por kilovatios se incremente porque la asociación es sabedora de que las compañías han incrementado su potencia asentando nuevos grupos de generación al pie de las presas". El precio por potencia instalada, subrayan en la asociación, "sigue como en el año 1992".

El IAE ocupó sus desvelos en la década de 1990 y todos recuerdan las luchas por hacer frente a las llamadas paradas técnicas y al decreto de 1992 que amparaba detracciones que repercutieron de forma notable en las arcas municipales, hasta conseguir dar la vuelta a la tortilla.

"El hecho de que en la asociación estén integrados alcaldes de todas las tendencias es una baza positiva porque confían en que pueden hacer llegar sus reivindicaciones a todos los gobiernos, sean del color que sean" expresa la secretaria de la Asociación. "Es satisfactorio para los ayuntamientos que las eléctricas paguen impuestos, que son una inyección imprescindible y fundamental para los ayuntamientos" expresa el alcalde de Carbajales de Alba, Manuel Fidalgo, uno de los municipios afectados y que busca los beneficios. "Creo que es posible sacar más a las eléctricas porque ganan mucho dinero" afirma la alcaldesa de Porto, Guadalupe Carracedo.

"Se buscará más una acción teniendo en cuenta los grupos políticos y de la CEOE. Ir a los Juzgados, como con ensañamiento, no es el camino. Es mejor negociar cuantías asumibles para empresas y ayuntamientos, y lograr compensaciones justas" expresan fuentes de la asociación.