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La Federación advierte que se pretende subir «un 60% las tasas administrativas»

 

La Federación de Caza de Castilla y León denuncia que la Junta de Castilla y León pretende «una subida brutal de más de un 60% en las tasas administrativas a los cazadores» y señala, en un comunicado, «que lo que pretenden nuestros administradores con las tasas de la caza demuestra prepotencia con afán recaudatorio sin especificación previa y razonada de las causas».


«Si la crisis económica, que tan brillantemente nos han legado los políticos, ha logrado que muchos cazadores hayan tenido que colgar sus aperos, ahora, esta medida parece más bien encaminada a terminar con este colectivo que año tras año no hace sino perder miembros activos en sus filas» señala la Federación. Expresa, además, que «difícilmente se justifica en estos momentos un incremento de las tasas en base al incremento de costes cuando los recortes son los protagonistas de la escena. Los salarios de los funcionarios encargados de tramitar las licencias se han visto reducidos en varias ocasiones. Los despidos de empleados públicos tampoco favorecen una mejor gestión ni suponen un gasto añadido. La reciente suspensión de los cupos de caza en las Reservas Regionales tampoco supone una mejora en los servicios prestados al cazador ni un incremento en los gastos». Los cazadores «nos resistimos a seguir aportando cantidades ingentes en tasas, gravámenes, licencias, aranceles, cánones, recargos, indemnizaciones por daños, añadidos a los gastos por alquileres de cotos, armas, cartuchería, desplazamientos, piensos, perros, seguros, medidas de seguridad, y todo ello para disfrutar de unas pocas jornadas de caza, sujetas a planes técnicos de dudosa eficacia, y para volver a casa sin ver una perdiz, a pesar de lo que aportamos, por el nulo control en nuestros campos sobre las actuaciones agrarias agresivas (tipos de siembras, períodos y formas de recogida, pesticidas, herbicidas, quemas incontroladas), la escasa vigilancia del furtivismo, y en general la degeneración de los hábitats amenazados sobre todo por la incapacidad e ineficacia manifiesta de la Administración».

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