Una sentencia del pasado 20 de febrero de 2012 del Juzgado Nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid reconoce a un ganadero de ovino de la localidad de Villaveza el derecho a ser indemnizado por parte de la Administración regional por los daños sufridos en su explotación como consecuencia de un ataque de lobos acaecido en noviembre de 2008, según un comunicado de la Alianza por la Unidad del Campo.

Esta sentencia se produce como consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ganadero contra la resolución de la Dirección General de Medio Natural de fecha 12 de abril de 2011 por la que esta desestimaba la solicitud de indemnización por daños. Así, el Juzgado reconoce que también en terrenos situados al norte del Duero la Administración puede tener responsabilidad por los daños causados por los ataques de los lobos y no solamente en las zonas de reserva o en aquellos situados al sur del Duero donde el lobo no es considerado pieza de caza.

José Manuel Soto, de la organización agraria Coag, aseguró que el fallo «confirma que los lobos que produjeron el atque procedían de la Reserva de Villafáfila» y por ello exige que «si la Junta tiene reservas se tiene que hacer cargo de los daños». A pesar de la buena noticia para los ganaderos de la provincia Soto asegura que «como siempre pagarán la multa y después volveremos a lo mismo con más juicios»

Desde la Alianza califican la sentencia como «muy positiva» y en base a la misma exige al consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, un «giro radical» por parte de la Administración regional en su política de indemnización de daños. «No debe la Junta empeñarse de nuevo en la necesaria suscripción de seguros por parte del ganadero para asegurar la percepción de ayudas por parte de éstos», sostiene el comunicado de la Alianza, que añade que ya son varias las sentencias que dan la razón a los ganaderos, quienes «se ven obligados a iniciar largos y costosos procedimientos judiciales en reclamación de responsabilidad de la Administración si quieren resarcirse de los daños».

La organización agraria también exige a la Consejería un «control riguroso» de todas las especies, no solamente del lobo, porque la actual proliferación y presión de ciervos, jabalís y conejos, entre otros, «está poniendo en serio peligro la pervivencia de la actividad agrícola y ganadera en determinadas comarcas de la región».

Por ello, insiste en que la Junta de Castilla y León «debe hacer cumplir» los planes cinegéticos de los cotos de caza en toda su extensión y facilitar en cualquier momento del año las batidas, esperas, descastes, incluso el desarrollo controlado de la actividad cinegética para aquellas especies de caza que provoquen daños en cultivos y ganado».

Al respecto, la Alianza cree «necesaria» la modificación de la Ley de Caza que hace responsable de los daños causados por la fauna a los propietarios de los terrenos no acotados. A su juicio, se ha constatado que terrenos de mayor conflictividad por su proximidad a las vías de comunicación se han dado de baja por parte de los titulares cinegéticos de los cotos, «con la permisividad de la Administración y con el total desconocimiento de sus propietarios, quienes a partir de ese momento asumen la responsabilidad de accidentes provocados por la fauna».