La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) lleva meses batallando con el Red Eléctrica de España y Ministerio de Industria para sacar adelante casi una treintena de proyectos energéticos que han quedado fuera del registro de preasignación por motivos no achacables a los promotores según sostiene el secretario general de la entidad, Eugenio García Tejerina.

Entre estos proyectos está la ampliación del parque eólico Nerea, que promueve Gecal, S.A. en Requejo de Sanabria, y cuya inversión «supera los doce millones de euros», dará tres puestos fijos y empleará a mayor número de trabajadores durante la fase de construcción, según aseguraron ayer fuentes de la empresa promotora.

Esta paralización es para Apecyl un freno «al desarrollo y a las inversiones», y la solución está pendiente de una reunión solicitada a los responsables del Ministerio de Industria. Pero el malestar ha llegado a tales niveles que se anuncia llevar el caso a los juzgados, «de no haber otra alternativa», según precisó el secretario general de la Asociación, Eugenio García Tejerina.

«Es un proyecto que debería estar preasignado y no tiene mucha justificación» porque es una falta «de verificación técnica de acceso y conexión a la red de transporte que debería haber remitido Red Eléctrica en su día al promotor» apunta García Tejerina.

La concesión del punto de acceso y conexión firme a la red es un requisito exigido para inscribirse en el citado registro, de acuerdo con el Real Decreto-Ley, de 30 de abril, que entró en vigor casi «por la vía de urgencia».

«Son proyectos que cumplen todos los requisitos y el Ministerio tiene que interpretar y decidir si ese requisito está acreditado» explica García Tejerina, que califica «de disparate la no inclusión porque no tiene que ver con los promotores sino con Red Eléctrica». Afirma que «han cambiado las reglas del juego».

Hace hincapié en que «son proyectos que ya están y no es cuestión de tirar por la borda ni de perder una oportunidad de generar riqueza sin contaminar».

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León lleva meses denunciando públicamente la situación. Desde finales de diciembre viene recalcando que «el problema generado por la negligencia de REE es gravísimo». Señala que «700 megavatios preparados para entrar en funcionamiento o cuyas instalaciones se encuentran en la última fase de construcción se encuentran en estos momentos en una total incertidumbre sobre su futuro, proyectos que incluso muchos de ellos ya habían comenzado su construcción, pero que la nueva normativa implantada recientemente por el Ministerio de Industria mantiene en una insostenible situación de falta de definición sobre su futuro».

Llevando el caso al aspecto económico, indican desde Apecyl que «el perjuicio supera los 1.000 millones de euros, que no pueden entrar en la rueda económica de la región, una cifra que golpea directamente al interés general de la Comunidad, puesto que la energía eólica genera más de 5.000 puestos de trabajo y se encuentra, actualmente, sumida en un parón que puede afectar directamente al desarrollo socioeconómico de Castilla y León».