El pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó ayer, con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto en la que se solicitaba establecer limitaciones a la instalación de macrogranjas en la comunidad. En la propuesta, defendida por el procurador de IU-Equo José Sarrión, se planteaba una regulación del sector ganadero que establezca un tamaño máximo de las explotaciones en cada sector productivo y la revisión de la carga ganadera admisible en función del ecosistema.
En su argumentación, Sarrión explicó que junto la proliferación de las macrogranjas, el número de explotaciones ganaderas no han parado de disminuir en la comunidad. Además, criticó que se trata de explotaciones que generan poco empleo y que suponen un deterioro de vida de los residentes en el medio rural, por su contaminación. Desde el Grupo Socialista, Juan Luis Cepa, aseguró que es necesario apoyar la ganadería intensiva, aunque con límites. Ciudadanos, que se abstuvo, recordó que la ganadería intensiva es clave para ser competitivo y para hacer frente, de forma sostenible, al incremento de la población y a la necesidad de producir más alimentos. En nombre de Podemos, Natalia del Barrio, indicó que no se puede apostar solo por un modelo intensivo, como hace la Consejería de Agricultura. Desde el grupo Popular, que rechazo la propuesta, Francisco Julián Ramos, recordó que sólo proyectos que cumplen la legalidad salen adelante en Castilla y León.
Además, el pleno de las Cortes acordó la toma en consideración, con el voto a favor de PP, Ciudadanos y UPL y la abstención de PSCyL, Podemos e IU, de la proposición de ley que deroga del Estatuto del Consumidor el apartado que recoge la obligación de que todas las estaciones de servicio de Castilla y León cuenten al menos con un empleado. En el debate en el plenario, el popular Salvador Cruz defendió el cambio de una norma que entró en vigor hace dos años por la existencia de dos modificaciones jurídicas en España en relación con la accesibilidad y el suministro, la Iniciativa Legislativa Popular presentada en las Cortes por Urcacyl en contra de esa regulación y, en especial, el procedimiento informativo de la Comisión Europea al mantenimiento obligatorio de personas en las estaciones de servicio.
Además, todos los grupos respaldaron de forma unánime una Proposición No de Ley presentada por el PP y defendida por el procurador Óscar Reguera cuya pretensión principal es impulsar el cooperativismo y que éstas entidades sean consideradas como "prioritarias".
