El mundo rural y diversos sectores relacionados con la agricultura y el aprovechamiento de los recursos naturales manifestaron ayer ante la Administración y los medios de comunicación su "gran preocupación" por la "grave situación" provocada por la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula varias disposiciones legales necesarias para la regulación de la caza en la región. "La caza se estima que genera anualmente unos 550 millones de euros en Castilla y León. Muchos municipios se mantienen gracias al dinero que genera la caza", señalan.
