El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, pidió ayer al director general de la Vivienda, Ángel María Marinero Peral, "flexibilidad" en el cumplimiento de las condiciones del Área de Regeneración Urbana (ARU), que en la presente convocatoria afecta a un centenar de viviendas del barrio 25 Años de Paz.

El vigente Plan Estatal de la Vivienda suprimió el fraccionamiento en cuatro años del impuesto sobre las subvenciones obligando a los beneficiarios a hacer frente a la declaración de la ayuda en el IRPF del siguiente ejercicio al que se libre. Este cambio en la ley está poniendo en jaque a más de una veintena de ARUs en la región, no solo por la presión fiscal sobre las ayudas concedidas, sino porque al elevarse el nivel de renta de los beneficiarios, los que sean titulares de pensiones no contributivas, de complementos de mínimos, de ayudas por renta garantizada de ciudadanía, o de subsidios de desempleo para mayores de 52 años, podrían perderlas.

Luciano Huerga se entrevistó con Marinero durante hora y media y le pidió ajustar las condiciones del convenio suscrito entre el Gobierno Central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Benavente a la situación creada.

La consecuencia que está teniendo la obligación de declarar en un ejercicio la subvención concedida es que los vecinos de 25 Años de Paz, que por portal recibirán 110.000 euros de subvención, hayan rebajado la solicitud de la ayuda a 70.000 euros para poder hacer frente a los impuestos. Este hecho hace "muy difícil" el cumplimiento del convenio, que obliga al Ayuntamiento a justificar el 1 de octubre el 60% de la subvención total de la convocatoria, esto es, de casi 1,3 millones de euros. Huerga ha planteado a Marinero la posibilidad de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre y de acotar la justificación del 60% al anticipo de 673.000 euros concedido para poner en marcha esta convocatoria y para completar la urbanización del barrio de Las Eras.

"Ha cambiado el escenario y este no es un problema específico de Benavente sino de todos los ARUs de la región. Es una paradoja que estas ayudas se presten a barrios degradados y desfavorecidos socioeconómicamente y que los vecinos no puedan recibir toda la ayuda por los impuestos, y esto es lo que está pasando en un barrio como 25 Años de Paz que es el prototipo de barrio con viviendas muy antiguas en las que viven pensionistas, parados y trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes", explicó Huerga.

Según el alcalde, el director general de la Vivienda se ha comprometido "a explorar" la posibilidad de introducir las modificaciones planteadas "aunque tendrá que sentarse con el Ministerio".

En el caso de 25 Años de Paz, los vecinos, a los que por vivienda les correspondería una ayuda de 11.000 euros, están solicitando una subvención de 7.000, para las fachadas y la cubiertas, renunciando, debido a la presión fiscal al resto de la ayuda, que podría emplearse en cambios de contadores, elementos comunes y otras intervenciones relacionadas con la eficiencia energética. "Esta es otra paradoja. Que edificios como estos a los que se dirige una ayuda pensada para mejorar su situación y que puedan cumplir con los requisitos de las inspecciones técnicas no puedan hacerlo porque ha cambiado la ley. Lo que está ocurriendo es que el Estado, que aporta un 30% está recuperando el dinero a través del IVA de las obras y del IRPF a la subvenciones concedidas", agregó Huerga tras el encuentro.