La obligatoriedad que tienen los beneficiarios de subvenciones del antiguo Área de Rehabilitación Integral (ARI) y del nuevo programa para las Áreas de Regeneración Urbana (ARU) de los barrios de declarar las ayudas públicas recibidas como ganancias patrimoniales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) podría frenar en seco la recuperación de los viejos bloques de viviendas y de sus entornos degradados, razón fundamental del programa.
Así lo teme el Ayuntamiento de Benavente, que cree que además, este efecto de las ayudas pueda afectar a los propietarios que no tengan otros ingresos que los derivados de pensiones no contributivas, subsidios, o rentas garantizadas de ciudadanía, hasta el punto de que al recibir y declarar esta ganancia patrimonial puedan perderlas o les sean reclamadas.
El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, se reunirá el día 1 con el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel María Marinero Pera, al que transmitirá la preocupación de la administración local benaventana.
"Es muy preocupante y no solo para los vecinos de Benavente sino para los de todos los ayuntamientos de la región que están desarrollando ARUs y que se pueden encontrar en esta situación", ha explicado Huerga.
El alcalde ve una paradoja en el hecho de que las ayudas que se conceden a barrios habitados en su mayoría por personas con rentas bajas cuando no con dificultades económicas, puedan verse afectadas fiscalmente o incluso perder ayudas sociales por acogerse a un programa "que lo que busca con las subvenciones es recuperar zonas degradadas, las estructuras y elementos comunes de los edificios y mejorar la calidad de vida".
