El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Benavente dejó ayer visto para sentencia el juicio por la demanda de un empresario benaventano contra el Banco Pastor por la venta de un producto financiero de alto riesgo asociado a una póliza de crédito por el que ya llegado a pagar durante años 4.000 euros trimestrales.
La póliza se concertó por 300.000 euros en 2007 y ya ha expirado. El productor financiero, denominado «Swap de intereses» y asociado al crédito, estará vigente hasta 2012. Aunque hace tiempo que este cliente no paga los intereses al Banco por recomendación de su abogado, ha llegado a desembolsar hasta ocho millones de pesetas en estos años.
El demandante reclamó ayer la nulidad del contrato y la imposición de las costas a la entidad financiera mientras que la defensa de la entidad defendió la legalidad de la operación alegando el conocimiento que el cliente tenía del producto financiero.
En realidad, este era el meollo del juicio. El abogado del empresario, el vallisoletano José Luis Fernández de Lamadrid, sostiene que su cliente no fue informado de lo que estaba firmando y de las consecuencia reales del producto financiero, «en ningún caso equitativo y por ello nulo de pleno derecho».
Un «Swap Irs» es en realidad un contrato vinculado a otro de crédito o a una hipoteca que modifica el pacto de los intereses. El producto financiero obliga a las dos partes, al Banco a pagar intereses al clientes en el caso de que los tipos suban, y al cliente a abonar al resarcir al Banco en el caso de que los tipos bajen. La diferencia es sin embargo importante. Cuando los tipos de interés suben, el banco resarce al cliente con pequeñas cantidades (de 35 a 40 euros en este caso), pero cuando los tipos de interés bajan, como ha ocurrido con la crisis, los clientes tienen que hacer frente a intereses trimestrales de hasta 4.000 euros, como también es el caso. En esta situación han quedado atrapados numerosos clientes en la región.
El director de la sucursal bancaria y dos apoderados del Banco Pastor prestaron ayer declaración durante la vista oral, en la que se personaron un grupo de afectados por este tipo de productos financieros presuntamente abusivos que están generando demandas en todo el territorio nacional y ya cuentan con algunas victorias en diversas Audiencias Provinciales. Este grupo de afectados integra una plataforma que se congrega en torno a la página web www.noclip.es.
Durante la vista, el abogado del demandante hizo notar que en el contrato se especifica de forma expresa que ninguna de las partes estaba realmente informada de las consecuencias contractuales del producto financiero, tesis que resultó decisiva en un juicio celebrado recientemente en Ponferrada.
Por otra parte, uno de los apoderados de la entidad financiera admitió que recibió órdenes superiores de no aportar las liquidaciones y los extractos bancarios que le solicitaba el cliente, el demandante en este caso, al conocerse que había acudido a juicio.
La negativa de la sucursal del Banco Pastor en Benavente a entregar al cliente esta información que solicitaba y a la que tenía derecho fue motivo de una denuncia ante la Guardia Civil que también ha llegado a los juzgados.
En el transcurso del juicio, el abogado del demandante denunció la aparición de personas ajenas a este procedimiento en la contestación a la demanda por parte de la entidad financiera y llamó la atención sobre la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos.
Los directivos de la entidad financiera y sus representantes legales no hicieron declaraciones ni antes ni después del juicio, que una vez resuelto no será firme y podrá ser objeto de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora.
