El PITVI Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Plan de Empresa de ADIF se fijaron como objetivo prioritario, entre otras actuaciones, mantener el horizonte de unión de Castilla y León con Galicia en 2018 y llegar con la alta velocidad a distintas ciudades como Zamora, Salamanca, Palencia, León, Murcia o Burgos entre otras cosas para mantener las inversiones necesarias para no devolver las ayudas europeas. El 31 de diciembre de 2016 ADIF Alta Velocidad elaboró un informe de seguimiento sobre objetivos, en el que se indicó que no se había logrado ninguno de ellos, salvo la reducción de tiempos de viaje entre Zamora y Madrid.

Es la información que figura en una resolución de las Cortes Generales que publica el informe de fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017, elaborado por el Tribunal de Cuentas. En el documento se explican algunos de los contratos que ocasionaron que el AVE a Galicia, previsto para 2018, no llegara hasta 2021.

Uno de ellos afecta a un modificado que se formalizó en agosto de 2012 valorado en 167,9 millones y con un plazo de ejecución de 24 meses. Pues bien, los trabajos solo se iniciaron en el subtramo Olmedo Zamora, en agosto de 2013; mientras los otros dos subtramos no pudieron empezarse por “falta de disponibilidad de los terrenos”.

Uno de inició el diciembre de 2014, aunque tampoco estaban disponibles los terrenos, y el último en octubre de 2017, es decir, con cuatro años de retraso, el subtramo Zamora-Pedralba de la Pradería, aunque seguían sin estar disponibles los terrenos en algunos puntos concretos de este subtramo (Zamora-La Hiniesta y Cernadilla- Pedralba de la Pradería). Desde 2015 a 2017 se suceden modificados y añadidos con suspensión total de las obras desde septiembre de 2016 a marzo de 2017 y tras incrementos en el precio de los contratos. No fue hasta 2018 cuando se resuelve totalmente la situación al autorizarse el contrato modificado en 3,4 millones de euros.

El informe cita también otro contrato de protecciones acústicas del tramo de Zamora-Pedralba de Pradería, que se formalizó el 15 de febrero de 2016, con un importe de adjudicación de 319.259,36 euros y un plazo de ejecución inicial de cuatro meses. Los trabajos empiezan el 13 de abril de 2016, ya con retraso porque no había plan de seguridad y salud. Posteriormente se dieron otros problemas de disponibilidad de terrenos y adecuación técnica que llevaron a que en 2019 todavía estaba la obra suspendida pendiente de un nuevo estudio para las pantallas.

El tercer ejemplo es el de la construcción de la plataforma en el tramo de Porto-Miamán, en Orense, se adjudicó el 30 de abril de 2010, por importe de 76.4 millones de euros, y por un plazo inicial de treinta y cuatro meses, formalizándose el 9 de junio de 2010.

Los trabajos debieron finalizar en febrero de 2014, ya que comenzaron en abril de 2011 y el plazo inicial de ejecución fue de treinta y cuatro meses, sin embargo, dicho plazo se incrementó en cincuenta meses, a 31 de diciembre de 2017, por la tramitación de cuatro ampliaciones. Además, se paralizó cinco meses, aproximadamente, por la suspensión total de las obras, aunque en mayo de 2016 se efectuó el levantamiento parcial, pero no se ejecutaron ni certificaron trabajos hasta abril de 2017, por lo que el contrato estuvo suspendido prácticamente quince meses.

Fuera del periodo fiscalizado se aprobaron tres ampliaciones más que lo incrementaron en tres meses y medio. En junio de 2018, cuatro años más tarde se habían ejecutado, certificado y abonado el 97% de las obras de esta actuación.