La Tesorería de Seguridad Social reclama a siete imputados, unos empresarios y otros testaferros, la cantidad de 73.860 euros, la misma que asegura que le defraudaron durante cuatro años al no abonar las cuotas que debían de sus empleados o, en otros casos, como autónomos que eran, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, que exige una condena de 4 años de prisión y el pago de una multa.
El Fiscal sostiene que se llegó a tejer una trama de empresas superpuestas en el sector de la venta de carburante al que estaban ligadas, una estrategia para eludir el pago de las cuotas que debía abonar la Seguridad Social, así como que usaba a testaferros de otras empresas con el mismo fin. Al parecer, nunca llegaron a dar cuenta de los dividendos de las empresas, ni a pagar los impuestos derivados de los beneficios que obtenían, supuestas ilegalidades que les atribuye el Ministerio Público en este caso de fraude a la Tesorería de la Seguridad Social.
Los empresarios se dedicaban a la venta de carburantes e hidrocarburos y dejaron a deber a la Seguridad Social dinero porque no pagaban los impuestos a que estaban obligados por la actividad que desarrollaban.
La empresa principal se constituyó en 2011, pero las reclamaciones se remontan a la actividad desarrollada durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, según consta en las diligencias llevadas a cabo por el juzgado que investigó el caso.
La Fiscalía pide la aplicación del artículo 307 del Código Penal que establecer que “el que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida” cuando supere los 50.000 euros, como es el caso, se enfrentará a penas de prisión de uno a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Una pena que se ajusta a la solicitada, en lo que a prisión se refiere, con la solicitud de los 4 años de cárcel del Ministerio Público, uno menos del máximo permitido por la ley. Asimismo, los que terminen siendo condenados no podrán obtener subvenciones o ayudas públicas y ni tendrán derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período a establecer en condena que oscila entre los 3 y 6 años, según decida la magistrada del Juzgado de lo Penal que tendrá que dictar una sentencia.
Por último, la multa que se les imponga estará relacionada con el importe total que hayan defraudado durante cuatro años naturales. El juicio se celebrará el próximo 9 de junio, tras suspenderse en varias ocasiones, las últimas por estar el abogado de uno de los imputados contagiado por el coronavirus, lo que le impidió acudir al Juzgado.
