El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, reclamó unidad y “complicidad” entre las administraciones de la comunidad autónoma para hacer frente al reto de la despoblación. El responsable de este organismo señaló que el mantenimiento de los servicios públicos en sí mismo no garantiza el despegue demográfico, sino que se hace preciso ofrecer oportunidades laborales y económicas
Amilivia realizó estas afirmaciones durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cortes de Castilla y León, donde presentó un informe hecho público hace unos meses sobre las medidas políticas promovidas por las administraciones para tratar de frenar la despoblación en sus territorios.
En su intervención, el presidente del Consejo de Cuentas, explicó que, de forma permanente, se pone el foco de la lucha contra la despoblación en la dotación de servicios públicos, “cuando lo importante es generar oportunidades económicas”. Además, puntualizó que estas oportunidades no deben ser iguales para todos los territorios, por lo que es necesario buscar las potencialidades de cada zona y poner en marcha proyectos piloto. “No puede haber café para todos. Debemos buscar soluciones distintas para territorios diferentes y con el apoyo de todas las administraciones”, apuntó.
A su vez, Amilivia también argumentó que la lucha contra la despoblación pasa por una ordenación del territorio que permita una eficiente prestación de servicios, como una adecuada financiación autonómica que pondere la despoblación y que genere más recursos, al margen de los fondos europeos de reconstrucción.
Hay que recordar que, en el informe se pone de manifiesto que mientras la población en España entre 2002 y 2019 se incrementó un 14,3%, en este mismo periodo en Castilla y León disminuyó un 1,9%. Así, el peso de la población de la comunidad sobre el total español pasó del 5,9 al 5,1%. Además, en los últimos diez años, Zamora destaca negativamente por ceder el 11,5% de sus habitantes.
Por otro lado, el informe resalta que, entre 2016 y 2018, por cada joven con titulación universitaria que llegó a Castilla y León se marcharon dos, y advierte de un envejecimiento más rápido de la población castellano y leonesa.
Entre las recomendaciones del informe, el Consejo Consultivo plantea a la Junta que evalúe el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba implementar de cara al futuro y que valore de manera especial la puesta en marcha de políticas que incrementen la actividad económica en un territorio necesitado de dinamismo.
