El Tribunal Supremo tumba la orden que fijaba el toque de queda para toda Castilla y León a las ocho de la tarde, medida que se aplicaba en la comunidad desde el pasado 16 de enero y que desde ayer, con el pronunciamento del Alto Tribunal, dejó de estar vigente. El Supremo pone fin así a semanas de controversia y lo hace negando la razón a la Junta de Castilla y León y dándosela al Gobierno, que recurrió la orden del presidente regional por considerar que estaba fuera del marco legal recogido en el decreto de estado de alarma por coronavirus.
Los magistrados reconocen la dificultad jurídica que implica la decisión
Aunque se trata de una suspensión cautelar y no de una sentencia firme, el Supremo sí deja algunas pinceladas de lo que puede deparar el fallo definitivo. Dicen los magistrados que el decreto define “con toda precisión” que el toque de queda debe situarse, como mucho, entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Toda limitación de los derechos fundamentales, como es el caso de la movilidad, debe estar “expresamente” recogida en el decreto del estado de alarma, algo que los jueces no ven. Se toman medidas cautelares porque las restricciones, que afectan a derechos fundamentales, podrían causar “un daño irreparable” para todos los ciudadanos afectados.
A pesar del varapalo del Tribunal Supremo, el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer la medida adoptada por haber dado como fruto “un descenso vertiginoso” de los contagios COVID en la comunidad y, aunque acatará el fallo, hoy mismo el Boletín Oficial de Castilla y León implementará nuevas restricciones horarias. El toque de queda se establece entre las diez de la noche y las seis de la mañana siguiente, pero a las ocho de la tarde deberán cerrar todo el comercio, hostelería y actividades no esenciales, incluidas las culturales, según explicó el presidente en comparecencia pública. Las restricciones se mantienen a pesar del descenso de casos debido a la precaria situación hospitalaria y en particular, a la de las UCI.
Solo el día de ayer permaneció en el limbo, por lo que, en teoría, la apertura podía prolongarse hasta las diez de la noche. Otra cuestión que queda pendiente es qué ocurrirá con las sanciones —74 en Zamora— impuestas durante los 31 días que ha durado la medida que decae al pronunciarse el Supremo. Mañueco defendió ayer que el Alto Tribunal solo se ha manifestado sobre una medida cautelar “y no entra en el fondo de la cuestión”, lo que deberá abordar en una sentencia que aún puede tardar “meses”. Insistió en la validez de la medida tanto desde el punto de vista sanitario y epidemiológico como desde el jurídico. Sobre este último, confía plenamente en la decisión adoptada en su día por el Gobierno autonómico basándose en la asesoría de sus servicios jurídicos que interpretaron que, como autoridad delegada, el presidente autonómico podía modular el horario del toque de queda y como prueba de ello alude al apartado de costas del auto del Supremo. El Tribunal no las impone a ninguna de las partes, ni a la Junta ni al Gobierno central que recurrió, “habida cuenta la dificultad jurídica”, lo que sirve a Mañueco para probar la “controversia” a la que ha dado lugar la inexistencia de “instrumentos jurídicos” a través de una normativa que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones sin recurrir al contexto de un estado de alarma.
El presidente defiende que la medida facilitó el descenso rápido de la tercera ola
Para el presidente de Castilla y León, la decisión de adelantar a las ocho el toque de queda ha sido fundamental para rebajar “hasta en un 50% cada semana” los contagios de coronavirus desde el pico de la tercera ola el pasado 26 de enero. Una tendencia descendente que se produce en otras comunidades que no adoptaron la polémica medida. Pero la Junta cree que ese ritmo también “vertiginoso” para que Castilla y León dejara de ser en pocos días una de las comunidades más castigada por la pandemia se debe a una medida que ha cumplido, mayoritariamente la población de la región, a la que dio las gracias. Sobre las posibles demandas sobre lucro cesante que puedan emprender colectivos como hostelería o centros comerciales, Mañueco no quiso anticiparse a lo que la sentencia definitiva contenga sobre el fondo de una cuestión en la que el Gobierno regional “siempre ha actuado con seriedad y responsabilidad”, anteponiendo el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos.
Mañueco reclamó, por último, la reunión de la conferencia de presidentes autonómicos, a los que Pedro Sánchez no convoca desde el pasado 26 de octubre.
Tudanca: “Es el fin de un conflicto histórico e innecesario”
El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, asegura que la Junta ha tapado su “incompetencia” y sus “vergüenzas” durante las últimas semanas el adelanto del toque de queda a las 20 horas, al no tener sustentado en criterios objetivos y sanitarios. Una medida que, precisó, se ha demostrado que no era la “panacea” ni “milagrosa” porque muchas otras comunidades, sin adelantar el toque de queda ni hacer tanto daño a algunos sectores, han logrado contener mejor la tercera ola de la pandemia que Castilla y León. Tudanca señaló que algunas comunidades españolas han reducido más la incidencia acumulada “sin necesidad de conflicto ni de forzar o saltarse la ley ni llamadas a las sublevación”. Y es que el líder socialista precisó que el toque de toque a las 20 horas ha supuesto un conflicto “histórico” y “absolutamente innecesario”, con llamadas “a la rebelión y a la sublevación” por parte de responsables autonómicos.
Los hosteleros ven “ muy complicado” que prosperen las demandas por lucro cesante
La Asociación Zamorana de la Hostelería considera que es “muy complicado” que prosperen las demandas por lucro cesante que se pudieran interponer ante la Junta de Castilla y León si la sentencia finalmente declara nula la orden que fijaba el toque de queda a las ocho de la tarde. Así lo explica el presidente de Azehos, Oscar Somoza, que argumenta que en cualquier caso deben ser los empresarios a título individual los que decidan si acuden o no a los tribunales para reclamar el legítimo beneficio perdido al haber sido obligados a cerrar antes. “Nosotros podemos acudir a los tribunales contra las órdenes que cierran los negocios para que los empresarios puedan abrir, pero no podemos denunciar pérdidas porque eso depende del beneficio de cada negocio y de cómo es capaz de justificar las pérdidas en las que habría incurrido”, explican en Azehos. Con todo, Somoza considera que las nuevas medidas restrictivas, que impiden la apertura de bares y restaurantes más allá de las ocho de la tarde, continúan “criminalizando al sector” porque “nuestros locales son lugares seguros donde no se produce un número importante de contagios”.
