El Procurador del Común instó a la Consejería de Sanidad modificar o dejar sin efecto la previsión de la Orden San 132/2015 en el apartado que alude a la posibilidad de autoexclusión de los abastecimientos menores, "en garantía de la completa prestación, en todo nuestro ámbito territorial, de este servicio público esencial con la consideración de derecho humano básico, impidiendo así que se materialicen situaciones de desigualdad".
La Consejería "rechazó nuestros argumentos, manifestando que, en todo caso, los ayuntamientos son responsables de garantizar la calidad en los abastecimientos de su ámbito territorial y que sabía que muchos de ellos seguían realizando los controles y desinfecciones necesarios". El propio Procurador del Común se puso en contacto con los ayuntamientos y comprobó que algunos cloraban y otros no. La desigualdad, indica la institución que preside Tomás Quintana, se da no solo entre municipios, sino también " en el territorio, ya que existían provincias (en concreto Ávila, Segovia y Valladolid) en las que ningún municipio había solicitado la autoexclusión, que sin embargo afectaba intensamente a las provincias de León, Soria y Zamora.
