Apenas habían transcurrido unas horas desde que el Ayuntamiento de Zamora anunciara la reapertura del monumento a Félix Rodríguez de la Fuente en el bosque de Valorio y la pequeña cascada del estanque ya había sido pasto de los grafitis. El vandalismo en la ciudad se produce en tiempo real y los ciudadanos reclaman mano dura contra quien no respeta ni la propiedad privada ni la que es de todos los zamoranos, como es el caso de los monumentos. Cada vez son más personas quienes alzan la voz contra un problema que se ha tornado en "asunto de Estado". La imagen que ofrecen las calles de la capital, especialmente en el Casco Histórico, es de absoluta indecencia porque las pintadas, lejos de remitir, se reproducen con velocidad. El debate sobre la necesidad de implantar una mayor vigilancia resurge con fuerza. Aunque eso, realmente, no es una tarea fácil.

El episodio de vandalismo sufrido por el monumento al naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente recuerda al que vivió el puente de Hierro hace apenas dos años. En aquella ocasión, los enemigos del civismo se superaron y llegaron a destrozar por completo la pasarela que estaba en rehabilitación incluso antes de que terminaran las obras. Un ataque que indignó a la capital pero que no supuso la toma de medidas drásticas por parte del Ayuntamiento de Zamora. Desde la Casa de las Panaderas siempre se ha hablado de intensificar la vigilancia, pero también se ha puesto sobre la mesa la complicación de hacer pagar a los que destrozan lo público y lo privado. Si no se les pilla in fraganti, es prácticamente una misión imposible.

Según el artículo 323 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental; esto incluye pintadas, carteles, manchas, roturas y destrozos. Además, atendiendo a la Ley 1/2015 de 30 de marzo que modificó el artículo 323 del vigente Código Penal, el castigo puede "ser superior" si el juez considera que han causado daños "de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante".

No cabe duda de que muchos de los ataques perpetrados contra el patrimonio zamorano pueden ser susceptibles de este delito. Nada más hay que dar un paseo sin fijarse mucho para ver cómo las pintadas se suceden en construcciones que acumulan siglos de historia: la iglesia de San Esteban, Santa María la Nueva, Santiago el Burgo, San Juan, la muralla -especialmente en su tramo de la trasera de San Isidoro- e incluso la Catedral. Sin olvidar tampoco el problema que sufren los propietarios en toda la ciudad -aunque con más incidencia en zonas como La Horta, Casco Histórico y La Lana- que ven cómo sus fachadas, sus garajes y sus puertas están minadas de firmas y grafitis sin ningún tipo de sentido.

Ejemplos de sanciones por pintadas contra el patrimonio se están reproduciendo en cascada en diferentes puntos de España. El último y más sonado fue el procedimiento penal abierto contra dos jóvenes por realizar pintadas en la muralla de Sagunto, en Valencia. En Salamanca, igualmente, la Policía Municipal trazó diferentes investigaciones para localizar al autor o autores de unas pintadas aparecidas en el Puente Romano, lo que derivó en un expediente sancionador.

Zamora tiene un problema grave de vandalismo en forma de pintadas y por el momento no ha habido manera de ponerle coto. Las soluciones de repintado tampoco han funcionado, puesto que en cuestión de horas regresan los incívicos a plasmar sus firmas y dibujos sobre un lienzo virgen. Mientras tanto, los vecinos urgen medidas drásticas para terminar de una vez por todas con un asunto que perjudica al conjunto de la capital del Duero.