El juez inicia en los próximos días la toma de declaración a las dos auxiliares investigadas por malos tratos y vejaciones a ancianos de la residencia de Montamarta, así como a los responsables del centro dependiente del Ayuntamiento de esa localidad: la directora, Verónica Rodríguez; la alcaldesa de Unidos por Montamarta, Cristina Folgado; y el teniente de alcalde del PP, Benjamín Hernández.

Por el despacho del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora pasarán también familiares de usuarios, tanto de las presuntas víctimas como de otros ancianos para recabar datos que puedan corroborar o no la denuncia efectuada por el portavoz del PSOE, Rogelio Conde. Está previsto que los interrogatorios para tratar de esclarecer si las dos acusadas han cometido algún delito se prolonguen durante, al menos, dos semanas, dado que el juez instructor ha decidido escuchar al mayor número de testigos posible.

Las diligencias abiertas por el magistrado contienen un informe de la Guardia Civil, instancia ante la que denunciaron familiares, que incluye la declaración voluntaria de las dos auxiliares implicadas y el testimonio de usuarios de la residencia tomado directamente por los agentes. En las pesquisas serán fundamentales las grabaciones aportadas en la denuncia que reproducen expresiones ofensivas y humillantes hacia ancianas y que se asegura que se corresponden con las voces de las trabajadoras investigadas. El juez podría decidir solicitar una prueba pericial para corroborar esa afirmación.

Empleadas del centro aseguran que la directora de la residencia conocía los hechos porque ellas mismas acudieron a su despacho para contar lo que estaba sucediendo y le presentaron un pendrive con las grabaciones con expresiones duras y malsonantes, que dejaban constancia del trato vejatorio, prueba que apareció en la taquilla de una de sus compañeras, sin que se las hiciera el menor caso. La causa fue remitida por la Fiscalía Provincial directamente al juzgado -designado por reparto- sin que se haya elaborado un informe en el que se recoja una valoración de los hechos denunciados que indique la existencia de posibles delitos.