"A 23,50 euros por asunto". Los procuradores del turno de oficio han conseguido el récord en sus retribuciones después de que el Ministerio de Justicia atendiera sus reivindicaciones con una subida de tres euros por cada uno de los casos que atiendan, denuncia Juan Manuel Gago, decano del Colegio de Procuradores que ayer celebraba su fiesta. Esta medida mantiene al colectivo en una situación de "discriminación" respecto de los compañeros de autonomías con competencias transferidas, que cuadruplican esos 23,50 euros.
Los procuradores zamoranos, que atendieron el año pasado 1.000 asuntos a través del servicio público de la Justicia Gratuita, afirman "no entender el motivo, ya que esas retribuciones salen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos". Gago, que tilda tal diferencia como "disparatada", exige el mismo trato que el Gobierno ha dado a otros sectores públicos que sí han logrado equipararse y exige a los partidos políticos "que vayan incrementando las retribuciones del turno de oficio para que estas puedan ser dignas".
Otra de las principales reivindicaciones vuelve a centrarse en las competencias en ejecuciones, es decir, la solicitud de que se permita a los procuradores cobrar todas las deudas de morosos que acaban en procedimientos judiciales, lo que implicaría "la agilización" de estos asuntos, apostilla el decano.
Beneficio al ciudadano
La decisión "beneficiaría a las oficinas judiciales, saturadas por este tipo de casos, así como "a los ciudadanos o entidades que están afectadas por esas deudas pendientes", ya que percibirían antes ese dinero. Y el ejemplo, "extrapolable a Zamora y a Castilla y León", es el de Cataluña que ve cómo 5.000 millones de euros en deudas están atrapados en los juzgados, sin cobrarse. Gago está convencido de que "la intervención de los procuradores impulsaría la gestión del cobro de esas cantidades pendientes".
La homologación redundará en beneficio de la sociedad, subraya el decano de los procuradores, puesto que tendría consecuencias en el empleo y en el aumento de confianza del consumidor, entre otros aspectos. Se trata de "homologar más la figura del procurador con otras figuras, como agentes de ejecución, siempre bajo la supervisión de los órganos jurisdiccionales".
Incompatibilidad
La tercera cuestión que mantiene en vilo a este colectivo, ante el parón legislativo por el anticipo de las elecciones generales para cambiar el Gobierno central, es el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, en fase de información, que debe ajustarse a la normativa de la Unión Europea ya. Esta norma afecta tanto al acceso a la profesión de abogados y procuradores como a los aranceles de estos últimos y la exigencia es que se mantenga la incompatibilidad, es decir, que no se pueda ejercer ambas profesiones a la vez, apunta Gago. Una cuestión que también puso de manifiesto el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, presente ayer en la celebración de Zamora. Esa división de competencias es una fórmula que en España ha funcionado bien, indican, y que recoge la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. La incertidumbre sobre lo que hará el nuevo Gobierno para adecuar normativa española sobre las competencias profesionales a la europea preocupa, y mucho, a los procuradores, que han visto aumentadas sus competencias en los últimos años con las certificaciones de actos de notificación y el portal de subastas.
Por último, el Colegio de Procuradores reconoció ayer la labor de 25 años de ejercicio a Laura Rodríguez Mayoral y a Daniel Rodríguez Alfageme, y dio la bienvenida a la nueva colegiada Lorena Fernández Blanco
