Los 125 abogados zamoranos del turno de oficio se mantienen en pie de guerra. Los carteles que cuelgan de las paredes del Palacio de Justicia y de la Audiencia Provincial con el eslogan "Turno de oficio digno" dejan constancia de una lucha que se recrudeció a primeros de año, con movilizaciones que tendrán continuidad en este mes porque "el Ministerio de Justicia continúa sin actualizar las retribuciones", que prometió incrementar en un 30% después de permanecer congeladas desde 1996, y sin equipararlas a las comunidades autónomas con competencias en Justicia que pagan hasta un 70% más por caso, 200 euros en Zamora frente a 600 en Madrid.
Los abogados de oficio insisten en que "no podemos seguir haciéndonos cargo de procedimientos abiertos durante varios años cobrando unos honorarios que están 50 veces por debajo de los que se factura cuando la causa se lleva de pago", concreta el integrante de la Junta de Gobierno del Colegio.
La desconfianza respecto de sus mejoras económicas y de conciliación de vida familiar y laboral se mantienen intactas, ya que los retrasos en sus emolumentos siguen sin subsanarse del todo al haber cobrado solo hasta septiembre de este año, declara el portavoz del colectivo, el diputado cuarto del Colegio de Abogados, Gabino Carro Espada.
La postura beligerante de los letrados de justicia gratuita se justifica, recuerda Carro Espada, porque el colectivo profesional tuvo que llegar a la movilización y al anuncio de una huelga general para que el Ministerio abonara en mayo pasado las cantidades pendientes desde septiembre de 2017 hasta esa fecha, un total de siete meses. Los letrados recuerdan que por un procedimiento penal perciben 200 euros (menos el 15% del IRPF), frente a aproximadamente 1.000 euros que endosa uno privado.
Un divorcio, por ejemplo, tiene un coste mínimo de 1.500 euros si se acude a un letrado de pago, cuando la tasa que abona Justicia por al abogado de turno de oficio asciende a 200 euros, cuando el procedimiento se prolonga durante más de un año, dadas las complicaciones que suelen surgir con las medidas para los hijos y las pensiones o custodias. Si el trabajo se corresponde con un caso de delito leve (amenazas o heridas menos graves) el abogado de oficio percibe 70 euros, muy alejados de los 330 euros que se abona a uno privado.
Un procedimiento ordinario por una reclamación de cantidades o el incumplimiento de un contrato, una cláusula suelo, etc., con unos gastos para el cliente mínimos de 1.200 euros si contrata abogado, se saldan en el turno de oficio con 240 euros, al igual que en casos de cláusula suelo, en las que el letrado privado ingresa más de 2.000 euros, añaden los afectados.
