13.000 viviendas con calefacción central deberán instalar contadores individuales
La medida pretende que las familias tomen conciencia del consumo y realicen un gasto más eficiente
El Real Decreto por el que se regulará la contabilización de consumos individuales de la calefacción, que se aprobará "de manera inminente", obligará a 13.000 propietarios de viviendas de Zamora a instalar en sus hogares contadores individuales. Son todos aquellos que tienen calefacción central en sus edificios. La normativa tiene por objetivo cumplir con la directiva europea en materia de eficiencia energética y será de obligada aplicación.
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Según la empresa Ista, la instalación de contadores individuales puede suponer un ahorro de hasta trescientos euros anuales en calefacción para los hogares afectados, pues ahora serán ellos los que deciden la temperatura de sus hogares y cuando se pone, o no, la calefacción. La cifra podría llegar, indican las mismas fuentes, a los cuarenta millones de euros en toda la comunidad autónoma, el 25% del coste de la energía consumida por los edificios con calefacción central.
Para Ignacio Abati, Director General de Ista y presidente de Aercca (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción), el valor de esta norma está en la "toma de conciencia de las familias sobre su consumo, que ayudará a realizar un gasto más responsable y eficiente de la calefacción". En Castilla y León, se dejarían de emitir un total de 50.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
"Otro beneficio derivado de la aplicación del Real Decreto será la creación de puestos de trabajo". Según señala Abati, "los expertos calculan que la instalación y gestión de sistemas de medición individual generará en España un total de 2.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y 400 de ellos estarían en Castilla y León. Una muy buena noticia para nuestra economía".
La aplicación de la norma será obligatoria y el Ejecutivo central ha previsto multas que irán de los 1.000 a los 10.000 euros si no se cumple con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y multar, en su caso, a los propietarios que no cumplan.
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