El jefe de obra, de iniciales J.B.E.; el encargado de los trabajos, S.G.G.; y el empleado con funciones de recurso preventivo, F.V.A., obligado a vigilar las medidas de seguridad y a comunicar si existen o no, se enfrentan a 9,5 años de prisión acusados por el Ministerio Fiscal de la muerte de un empleado, ocurrida el 20 de noviembre de 2012, por los desprendimientos del talud en el que operaba en la obra de modernización del canal Toro-Zamora. Los delitos que se les imputan, por los que se pide su inhabilitación profesional, son homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores, por efectuar trabajos no previstos en el proyecto, tras días de lluvia, sin paralizar la obra para analizar los riesgos y sin tomar medidas de seguridad. La Fiscalía sostuvo ayer en el Juzgado de lo Penal que esos trabajos y falta de previsión habrían influido en el derrumbe del talud.

El accidente tuvo lugar cuando el operario de la empresa semipública Tragsa, adjudicataria del proyecto, trabajaba en el interior de un talud en el paraje La Rinconada, en Villagodio, en el que se había hallado una tubería de hormigón de mayor grosor y más grandes de las habituales, instalada a mediados del siglo pasado, que no estaba operativa y cuya existencia se desconocía.

En lugar de paralizar la obra "para comprobar la estabilidad del terreno", "valorar su estado", los responsables de la misma deciden "picar la tubería", efectuar una "sobrexcavación" en la fosa, lo que la inspectora de Trabajo que elaboró el informe sobre las circunstancias del accidente laboral considera que fueron las causas "del derrumbe" del talud sobre el operario que falleció, la misma tesis que sostienen la acusación particular y la Fiscalía, que creen un despropósito y causa del derrumbe de tierra. La funcionaria de Trabajo incidió en que "no se tuvo en cuenta la influencia de la vibración" en la estabilidad del terreno "al picar la tubería" antigua, mientras mostraba su indignación porque la empresa no le facilitó su trabajo, "se me dejó al albur sin darme información para el informe" que tenía que elaborar.

Esos trabajos se prolongaron durante un hora y veinte minutos, de acuerdo con el informe emitido por la Inspección de Trabajo, que abrió un expediente sancionador a la empresa por resolver hasta que se emita sentencia por la magistrada de lo Penal. La funcionaria pública explicó que la noche anterior al accidente había llovido, así como los diez días precedentes, lo que podría haber influido en las condiciones del terreno y su consistencia. De hecho, la adjudicataria mantenía un bomba en la zanja para achicar agua, cuyo nivel llegó a tal altura que el tubo que se estaba demoliendo acabó casi cubierto, lo que impidió a los peritos de Trabajo que analizaron las causas del siniestro medir las dimensiones de la excavación que se dijo que eran de 2,60 metros de profundidad por 90 centímetros de ancho.

En este sentido, el funcionario de la Consejería de Fomento que intervino en la investigación, aclaró que la profundidad de la zanja tenía que haber sido de un metro, al tiempo que reafirmaba la fragilidad de un terreno en el que en 21de las 23 calicatas efectuadas antes de ejecutar las obras había "presencia masiva de agua y eso siempre perjudica la estabilidad de los taludes y sus paredes pueden venirse abajo". Y ratificó que las vibraciones que se provocaron al picar la tubería "afectan al talud y puede llegar a producir el derrumbe" del mismo.

La situación del terreno era tan endeble que "cuando estábamos allí, hubo otro derrumbe del talud", agregó este funcionario, quien aseguró que había "terreno desprendido por la parte inferior de la canalización". Otro de los técnicos adujo que "el cazo utilizado para retocar el talud no fue el adecuado, un experto debería haber valorado la estabilidad del talud antes de usarlo". La conclusión fue que las medidas de seguridad eran "inadecuadas y existían claras probabilidades de derrumbe según los expertos"

Para la inspectora de Trabajo, la aparición de la tubería constituía lo que se denomina "un imprevisto" en la obra, lo que requería paralizar la obra y la elaboración de un anexo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales para fijar medidas de seguridad que eviten posibles accidentes, como requiere la normativa vigente. La inspectora manifestó que "las medidas adoptadas fueron insuficientes", por lo que impuso a la empresa "sanciones por dos infracciones graves y por no investigar de motu propio las causas del accidente, a lo que está obligada".

Los técnicos de la Administración relacionaron el derrumbe del talud en el que estaba trabajando el empleado, de iniciales V.P.R. y 47 años de edad, con la climatología y con los efectos de las vibraciones derivadas de la demolición de la tubería de hormigón que apareció enterrada en la zona, efectuada sin aplicar medidas complementarias de seguridad a las previstas en el proyecto de la obra antes de conocer esa incidencia.

El ingeniero y perito de la empresa manifestó, sin embargo, que las medidas estipuladas eran las suficientes, puesto que en el Plan ese imprevisto estaría incluido en lo que se denominaba en el proyecto como "pequeña obra de fábrica", una generalidad que incluye desde una loseta a una acequia o firmes y que se indica "que se demuelan por medios mecánicos". El técnico declaró no comprender por qué se cuestionaba "la demolición de la tubería, adecuada y que se trasladó al Plan de Seguridad". Sostuvo que "el talud se cambió de forma adecuada" y explicó el desprendimiento de tierra por un embalsamiento de "material orgánico, no compacto, a 30 o 40 centímetros del talud, que se desploma"