Los consejeros de Caja España, Caja Duero y posteriormente -tras la fusión- Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, entre ellos el zamorano Fernando Martínez Maíllo, no tienen responsabilidad penal por delitos de administración desleal. Así lo ha decidido la Audiencia de León, que declara el sobreseimiento libre al haber prescrito los hechos que se juzgaban. Lo hace, además, en un tono duro contra la acusación, encabezada en este recurso por el Ministerio Fiscal y por Izquierda Unida de Castilla y León.

Por partes, la Audiencia de León considera probado que los supuestos delitos que se atribuían a los consejeros de la entidad regional datan de la reunión del Consejo de Administración celebrada el ocho de enero del año 2009. Se produce aquí un baile de fechas complicado de desgranar porque la primera denuncia del Ministerio Fiscal data del 20 de mayo del año 2013, fecha que los recurrentes piden se tenga en cuenta para "parar la cuenta" del plazo de prescripción, establecido en cinco años. Los magistrados, por contra, indican que la fecha para parar el reloj está establecida en abril de 2015, cuando se cita a los consejeros, entre ellos Maíllo, con nombre y apellidos. En las primeras fases, indican, no se habla de consejeros si no que se apunta de forma genérica a la entidad, Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria.

Hay más. Tanto Ministerio Fiscal como Izquierda Unida piden a los magistrados que extienda la fecha de comisión del supuesto delito de administración desleal a las reuniones del Consejo de Administración celebradas entre los años 2007 y 2012. Los jueces aseguran en este punto que la investigación judicial previa se ha centrado en la citada reunión del Consejo del ocho de enero de 2009 y censuran a la acusación, de la que dicen que ha omitido todas las reuniones posteriores durante las primeras etapas del proceso judicial para ahora recurrir a ellas con el fin de ampliar el plazo de prescripción. Una actuación que, a juicio de la Audiencia de León, "casi alcanza la categoría de fraude procesal".

Se pone así fin a un proceso judicial que lleva quemando etapas desde el mes de mayo del año 2013. "El proceso está definitivamente acabado. Es imposible que se pueda reabrir porque se trata de un sobreseimiento libre, lo que es lo mismo que decir que no hay delito", explica el abogado Ramón Hernández en declaraciones a este diario. El camino judicial llega a su fin sin que se haya valorado por parte de los jueces el fondo del asunto. "Parece evidente que ahí no hubo delito, pero en cualquier caso no ha sido necesario entrar a valorarlo", explica el abogado.

El proceso echó a andar con la denuncia del Ministerio Fiscal del 20 de mayo de 2013, en pleno escándalo sobre la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada entre los clientes de Caja España. En dicha denuncia se habla de un total de 29 operaciones concedidas por Caja España y 17 de Caja Duero formalizadas en un periodo que abarca desde el 1 de enero de 2007 hasta comienzos del año 2012. Se habla de varios préstamos concedidos a Santos Llamas, presidente de la entidad entre 2006 y 2010, y a empresas a él vinculadas "sin el máximo cuidado en la política de riesgo" que regía la entidad. Ni en este punto ni en los inmediatamente siguientes "se menciona a la persona o personas que pudieran ser presuntos responsables de tales hechos". Caja España se persona en los hechos y el proceso sigue su curso hasta que en la primera mitad de 2015 se cita como imputados -ahora investigados- a los consejeros, citación que queda sin efecto en primer momento y que se retoma después sin que se llamara a Martínez Maíllo por su condición de aforado como diputado nacional. El 6 de marzo de este año el juzgado declara extinguida la responsabilidad penal de los consejeros al haber prescrito los hechos.