La primera sentencia que se anula en Zamora la compra de acciones del Banco Popular incluye un informe pericial en el que se indica que "las cifras que presentaba la entidad en sus cuentas no reflejaba su imagen fiel, debido a que la morosidad de sus clientes y la gran cantidad de activos tóxicos no se hallaban debidamente provisionados por las cantidades necesarias y adecuadas, reflejando una imagen real de beneficios y no a una situación de pérdidas reales". Ese mismo documento señala que "la imagen patrimonial que se transmitía no respondía a la realidad, pues en el activo constaban unos inmuebles que no tendrían el valor que se les seguía concediendo".
Además, la sentencia señala como "significativo" que mientras en el primer trimestre de 2016 las ganancias eran de más de 93,6 millones, a 30 de junio de 2016 tenía pérdidas de algo más de 35 millones de euros, a 31 de diciembre de 2016 de más de 3.485 millones y a 30 de junio de 2017 de algo más de 12.218 millones de euros. Una situación que "pone de manifiesto que no había solo un problema de liquidez, sino realmente de solvencia", según señala la sentencia.
