El número de mujeres que ha denunciado por violencia de género a sus parejas ha descendido en un 22,9% en la provincia en el primer trimestre de este año, de acuerdo con la estadístcia difundida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, tónica que de confirmarse a lo largo del ejercicio judicial supondría la confirmación de una tónica que viene registrándose en los últimos cuatro años.

En concreto, los juzgados de la provincia tramitaron 68 denuncias de forma directa en ese primer trimestre del año, frente a los 87 casos que recibieron en el mismo periodo de 2017.

La mayoría de esas denuncias tienen como víctima de la violencia machista a mujeres de nacionalidad española, en concreto 59, mientras que 9 son ciudadanas extranjeras, dato que rompe con el tópico de que son los hombres de otras nacionalidades los que tienen más arraigadas las conductas machistas que derivan en el maltrato a sus parejas, según los datos colgados en la página web del Consejo General del Pode Judicial hechos públicos por el TSJ.

Los casos de violemcia de género llegan a los juzgados directamente en contadas ocasiones, como indica el que en ese primer trimestre de 2018 solo nueve víctimas, un 13,4% del total, acudieran a estos órganos para presentar directamente cargos contra su pareja por ejercer contra ellas violencia física y psicológica o solo psicológica.

El 23,8% de las causas que abren los jueces para investigar este tipo delitos tienen su origen en un atestado policial, de acuerdo con la estadística del TSJ. Asimismo, se indica que las acciones policiales que se pusieron en marcha de enero a marzo de este año fue porque la víctima decidió denunciar en el 62,7% de los casos, con llamadas a la Policía Nacional o su asistencia a la Comisaría de Zamora o al cuartel de la Guardia Civil.

Condenas

Los juicios celebrados contra maltratadores en ese trimestre concluyeron con una condena para el 62,5% de los procesados. La mayoría de las denuncias se resuelven en juicios rápidos.

Todas las condenas llevan aparejada una orden de alejamiento de la víctima, la misma medida que se aplica provisionalmente al formalizarse la denuncia, como medida de protección a las mujeres maltratadas. La prohibición de tenencia y porte de armas de armas es otra de las medidas inherentes a todas las condenas por violencia machista, para preservar la integridad física de la mujer que la ha sufrido.

El año 2017 concluyó con un total de 328 denuncias contra maltratadores, denuncias entre las que se formalizaron tres en las que la mujer sufrió atentado contra su libertad sexual dentro de la pareja, mientras que la mayoría que fueron objeto de lesiones y malos tratos psicológicos.