La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, destacó ayer la apuesta por la profesionalización de la contratación pública que asume la nueva Ley de Contratos, en vigor desde hace dos meses, "una herramienta que genera y prima políticas sociales, frente a criterios de bajos precios anteriores, principalmente durante la crisis, que han conllevado consecuencias no deseables, como no conocer cómo eran las empresas adjudicadas, si pagaban a sus empleados o si cumplían los convenios colectivos".
Clemente, que estuvo acompañada del presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, entidad que organizó el foro, consideró que la jornada es "muy oportuna" porque contribuye a la recomendación de la Unión Europea sobre la "profesionalización" de la contratación y dotar de los medios necesarios. "Es una materia muy compleja que cambia permanentemente. Por ello es más necesario mantener una formación de los intervinientes", deslizó la presidenta de las Cortes, quien matizó que "responde a un tiempo nuevo", frente a las leyes de contratos anteriores, de 2007 y 2011. Ahora, se establecen condiciones "muy claras" para la calidad-precio y materializa obligaciones legales sobre discapacidad, ya que se prohibe cerrar acuerdos empresa que no cumplen con el dos por ciento de empleo con discapacidad para las mayores de 50 trabajadores.
Por su parte, Amilivia, también presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, abogó por hacer "una reflexión" con todos los operadores jurídicos de la contratación en Castilla y León y con las empresas del Tercer Sector sin ánimo de lucro sobre la "contratación estratégica", ya que la nueva norma "ha evolucionado, con una contratación con derechos frente a la anterior, que primaba la oferta más económica", indica Ical. En este sentido, sostuvo que se trata de un instrumento para "generar políticas de carácter social y medioambiental".
