La magistrada de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora ha desestimado el recurso presentado por el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora contra la expropiación y el derribo del local "Ciclos Piti" para liberar la muralla en el Arco de Doña Urraca. El PP acudió al Juzgado al entender que existía una situación de vulneración de la legalidad por existir reparos por parte de la Intervención en un decreto de Alcaldía que fue llevado a pleno de marzo del año pasado.

El PP argumentaba, basándose en dichos reparos, que el acto aprobado era nulo de pleno derecho. Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que la recurrente, la portavoz del grupo popular, Clara San Damián, carecía de legitimación para recurrir los decretos de alcaldes o concejales delegados. Aunque en este último aspecto la juez sí considera a la concejala de la oposición como legitimada para plantear el recurso, desestima íntegramente el mismo al entender que el PP debió recurrir el acto administrativo previo en el primero de los dos expedientes que dieron lugar al decreto de Alcaldía.

También en este punto las interpretaciones discrepan incluso después de la sentencia que da la razón al Ayuntamiento. El PP mantiene que el primer expediente, el que daba origen a la reversión de los terrenos para su expropiación, nunca pudo ser objeto de recurso administrativo, "ya que el asunto llegó al pleno como un todo, expropiación y derribo", explica el viceportavoz del PP José Luis González Prada, quien remarca, además que "respetamos la sentencia, como no podía ser de otra forma, pero entendemos que no deja claro que el procedimiento empleado por el Ayuntamiento tenga la solidez adecuada porque se apoya en lo dispuesto en el Plan Especial del Casco Histórico y el fallo no entra en esa cuestión".

Para el alcalde, Francisco Guarido, si el PP no recurrió fue "porque era un decreto firme" en el que el Ayuntamiento asumía la titularidad del espacio, ya que se trataba de una concesión administrativa" y constaban los informes favorables de Patrimonio y Secretaría.

La magistrada sí echa por tierra las argumentaciones del interventor por entender que las cuestiones planteadas en los reparos "excede de la función fiscalizadora que prevén las normas" para estos funcionarios.

En todo caso, el alcalde arremetió ayer contra el PP por lo que considera "utilización de los Juzgados para enturbiar una cuestión puramente política" y leacusa de "torpedear la labor de Alcaldía". Los populares se defienden asegurando que en ningún momento pretendieron perjudicar al particular también involucrado en la operación, el propietario de "Ciclos Piti", y que únicamente utilizaron "las herramientas que nos permite la ley para controlar un posible desliz, entre otros muchos, del partido en el Gobierno de la Alcaldía" además de recomendar al alcalde el mismo celo en el cumplimiento de la norma en casos como en el de la ORA y de los otros grandes contratos pendientes.

La expropiación y el derribo del inmueble sumaron, en total, 15.000 euros. Debido a la cuantía, la sentencia del Contencioso de Zamora no es recurrible. El grupo popular deberá abonar las costas del procedimiento judicial, estimadas en un máximo de 400 euros.