27 de noviembre de 2017
27.11.2017

Foro por la Memoria: Honores en deuda

El Foro por la Memoria insta a la Diputación a revocar los acuerdos adoptados en 1936 en tributo a los cargos públicos y a los 48 empleados represaliados de la institución

03.12.2017 | 04:35
Foro por la Memoria: Honores en deuda

Ochenta y un años después del golpe de Estado del general Francisco Franco, el Foro por la Memoria de Zamora sostiene que "es hora de proclamar la condena a los golpistas y rendir merecido homenaje a todos los cargos públicos y funcionarios de la Diputación Provincial de Zamora".

La sublevación militar del 18 de julio de 1936, "que pretendía ser fulminante -recuerdan- chocó sin embargo con la resistencia de los defensores del Gobierno legítimo, y los golpistas prolongaron su acción violenta durante tres años de guerra civil que culminaron con la derrota de la democracia". Entre otras consecuencias, "una larga y cruenta represión golpeó a dirigentes, cargos públicos, militantes y simpatizantes de las organizaciones republicanas de izquierda y del movimiento obrero, que pagaron sus ideas políticas con la muerte, cárcel, depuración, humillación y exilio", enumeran.

En el caso de Zamora, tal y como refleja la prolija documentación aportada por el colectivo, la gestora de la Diputación Provincial de Zamora fue destituida inmediatamente por las autoridades subversivas y reemplazada por otra comisión mandataria que representaba a las fuerzas promotoras del golpe de Estado. Así, el 29 de julio de 1936, el presidente golpista Agustín Martín presentó una moción "con respecto al personal que la Comisión precedente desde que tomó posesión, nombró con carácter interino y gratificaciones concedidas" y separó del servicio a doce empleados por el acuerdo de todos los vocales, según recogen las actas del Archivo de la Institución.

Un mes más tarde, el 29 de agosto del mismo año, el Pleno daba constancia de la defunción de tres empleados y la detención de otros tres "que no tardarían en correr la misma suerte", lamenta el investigador Eduardo Martín, miembro del Foro. Asimismo, durante aquella sesión plenaria se acordó por unanimidad proponer al Gobernador Civil el cese inmediato de otros catorce empleados "contrarios al movimiento militar y popular salvador de la Patria, y por consiguiente peligrosos para la seguridad de la misma".

Dos meses después, el 31 de octubre, el Pleno acordó cesar a otros once trabajadores (un capataz y diez peones camineros), e imponer la sanción de suspensión de empleo y sueldo por tres meses a otros cuatro obreros a instancias de una resolución formulada por el diputado Venancio Hernández Clamarchirant.

En el cómputo global, solo durante el año 1936 y en virtud de las actas de la Diputación y del Boletín Oficial de la Provincia, 48 empleados de la Diputación (citados en la tabla adjunta) fueron represaliados mediante destitución, separación del servicio o suspensión de empleo y sueldo, "de los cuales doce fueron fusilados antes de acabar el año, al igual que seis cargos públicos", añaden.

En este contexto, y argumentando que "el único delito que cometieron estos vecinos de la provincia fue el de tener pensamientos, creencias o ideas distintas a las de la nueva corporación provincial", el Foro por la Memoria de Zamora insta a todos los grupos de la Diputación a revocar, en primer lugar, los acuerdos de los Plenos del 29 de julio, 29 de agosto y 31 de octubre "por haber sido adoptados de forma ilegítima y prescindiendo de cualquier procedimiento legalmente establecido".

En segundo lugar, solicitan el homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura franquista. De igual modo, reclaman las declaraciones de reparación y reconocimiento personal previstas en la Ley 52/2007 y, también en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, urgen a los Ayuntamientos de la provincia a acatarla con el asesoramiento del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación. Por último, animan al resto de administraciones públicas a hacer lo propio con la retirada de los símbolos y monumentos franquistas de la provincia.

En este sentido, desde el Foro por la Memoria esperan que las instituciones continúen el ejemplo iniciado por el Ayuntamiento de Zamora el pasado mes de marzo, cuando se aprobaron las modificaciones de nomenclatura del callejero, la retirada de la Medalla de Oro al dictador Francisco Franco y la reparación de la memoria de los 55 "servidores públicos" represaliados.

No obstante, la iniciativa no es nueva. De hecho, "se planteó una propuesta similar en el año 2006 simultáneamente en Ayuntamiento y Diputación pese a que no existía el Foro como tal y la Ley aún no estaba en vigor", recuerda Eduardo Martín. Sin embargo ahora, tras una década vigente, el Foro vuelve a remitir la "relevante" propuesta, que da cuenta además de "hechos poco conocidos por la sociedad zamorana como el asesinato del presidente de la Diputación y otros cinco diputados".

En este aspecto, cabe destacar que la moción también condena la destitución y el asesinato en bloque de la Comisión Gestora de la Diputación depurada en 1936. Encabezada por su presidente y también concejal del Ayuntamiento de Zamora, Gonzalo Alonso Salvador (Izquierda Republicana), estaba integrada, entre otros, por el también edil municipal Benedicto Carreras Pelayo (UGT), Pablo Lorenzo Conde (Psoe) -quien también en aquel momento desempeñaba el puesto de concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Toro-, y León de la Vega Rodríguez (PCE), que además era alcalde de Villarrín de Campos. Asimismo, también fue asesinado Higinio Merino de la Monja (Izquierda Republicana), en tanto que los exdiputados provinciales Gerardo Vázquez Mayoral, Antonio Calvo Casado, Ezequiel Bezos Cañibano y Antonio González de Dios fueron encarcelados.

La propuesta ya fue presentada de forma independiente por Psoe e Izquierda Unida en el último Pleno de la Diputación aunque finalmente ambas fueron retiradas con vistas a la redacción de una posible moción conjunta de todos los grupos a fin de desenterrar del olvido y reparar la memoria de los represaliados a título póstumo. "Al no haber sido posible la reparación a los trabajadores de la Diputación injustamente sancionados, por el tiempo transcurrido y por haber fallecido todos ellos, estos acuerdos siguen vigentes puesto que en todo este tiempo no ha habido un acuerdo plenario que anule la sanción impuesta injustamente a estas personas. Es por eso que a día de hoy esta corporación aún está en deuda moral con estos vecinos y con sus descendientes", concluyen.

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