14 de febrero de 2017
14.02.2017

La abuela de la menor dominicana asesinada junto a su madre responsabiliza a Justicia

Las acusaciones mantienen las peticiones de 52 y 28 años de prisión para el joven zamorano procesado por estrangular a madre e hija, y tirarlas al pozo

14.02.2017 | 14:20
La joven dominicadana, Afolfina Puello, y su hija en su última visita a su familia en República Dominicana.

La abuela de la pequeña dominicana de 9 años, Argelys, asesinada junto a su madre en Vallecas (Madrid) el 29 de junio de 2014, cuyos cuerpos fueron hallados cinco meses después en un pozo en San Vicente de la Cabeza, responsabilizó ayer a la Administración de Justicia del doble crimen, del que está acusado el joven zamorano Raúl Álvarez Ríos, quien se sentó ayer en la Audiendia de Madrid ante el jurado que decidirá si es culpable o no, y que testificará hoy.

La mujer espera la resolución judicial contra el Ministerio de Justicia por no atender la denuncia que interpuso en un juzgado de Madrid para denunciar que el acusado y presunto autor de los asesinatos maltrataba a su nieta y que la pequeña tenía miedo. La denuncia se basa en la "anomalía en el funcionamiento de la Justicia", explica la abogada de la abuela, ya que "se ha producido un perjuicio, una inacción que acaba con la vida de la nieta" de su clienta.

La abogada de la abuela paterna de la menor, Leonarda Sánchez, reiteró ayer la petición de 25 años de prisión por el crimen y otros tres por la violencia física y psíquica que sufrió la niña, Argelys, de manos del único imputado durante los dos años y medio que duró la relación con Adolfina Puello Sánchez, madre de la pequeña y cuya familia exige 52 años de cárcel por ambos crímenes.

La letrada relató ante los nueve miembros del jurado el maltrato habitual al que la pequeña fue sometida, según testimonio de la abuela, que llegó a plasmar en una denuncia que presentó en los juzgados de Madrid y que se archivó sin siquiera tomar declaración a la denunciante. La queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial se resolvió admitiendo la responsabilidad del Juzgado, que dejó en desamparo a la denunciante al no insistir en su localización para iniciar las diligencias oportunas o archivar el asunto si no estimaba que hubiera delito.

La abuela al dejar las señas del domicilio en el que el Juzgado debía notificarle cometió un error al escribir el nombre de la calle donde vivía en Madrid, lo que explica que nunca recibiera una carta del órgano judicial, que terminó por archivar la causa al no localizarla.

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