Hay que remontarse al siglo XIII para hallar el origen de lo que hoy se denomina justicia gratuita, destinada a ciudadanos con escasos ingresos económicos, "considerado un acto de caridad en aquellos tiempos pretéritos" que asumía el propio abogado, pero que hoy, "en el actual marco constitucional", no puede ejercerse "como si se tratase de un acto de caridad y limosna", reprochó ayer el decano de los letrados zamoranos, Norberto Martín Anero Avedillo, al Ministerio de Justicia.

El máximo representante del Colegio de Abogados de Zamora echó en cara a esa Administración no solo la congelación de las tasas del turno de oficio, sino "las diferencias sangrantes e injustas entre comunidades", entre los terriotorios en los que se ha transferido esta competencia y los que continúan espernado, como Castilla y León.

El decano centró su discurso en reivindicar el ajuste de este servicio que tiene "retribuciones absolutamente dispares" en función del lugar en el que se ejerce, de modo que los abogados zamoranos ingresan un 70% menos que en comunidades como la vasca, la catalana o la madrileña. Martín Anero Avedillo ilustró su crítica con un ejemplo: la defensa de un divorcio por el turno de oficio cuesta 120 euros al Ministerio en Zamora, frente a los 562 que se pagan en el Euskadi; 403, en Cataluña o los 400 en la Comunidad Autónoma de Madrid. La diferencia es similar en otro tipo de procedimientos.

Estas cantidades "rozan lo indigno", agregó para subrayar que "al igual que los ciudadanos no solicitan caridad" al acogerse al turno de oficio, "el Estado español no puede dejar que en su práctica sea un acto de caridad encubierto, que corre a cargo de los abogados". Los ciudadanos solicitan un servicio que recoge y ampara la Constitución, remachó.

Martín Anero Avedillo reclamó una profunda revisión de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 1.996, tras veinte años de vigencia con las mismas tarifas -sin tener en cuenta el lógico incremento del coste de la vida- y que se retome el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, "aparcado desde hace años y medio". Una pretensión que el colectivo realiza en aras del derecho del ciudadano a "un trato digno en esta materia, con regulación adecuada y clara, que evite las situaciones injustas" y le permiten disfrutar de un derecho defensa con todas las garantías. Indicó que quienes carecen de recursos económicos y se ven obligados a pleitear tienen derecho a disponer de "un abogado independiente, libre y con las mismas armas que el abogado del más poderoso", lo que conlleva que los ingresos por este tipo de causas se ajusten al coste mínimo que para un letrado supone trabajar un asunto durante la tramitación y su defensa en el juicio.