La Subdelegación del Gobierno requiere a ADIF un informe para conocer el estado actual de las obras del AVE a su paso por Valorio tras las continuas quejas de la plataforma vecinal de afectados por las vibraciones del tren, con alrededor de 400 familias involucradas. La institución estatal en Zamora, intermediaria entre la entidad pública y los vecinos, lleva tiempo a la espera de una contestación oficial, mientras que los afectados están dispuestos a movilizarse si la situación persiste y no reciben explicaciones.

Si bien es cierto que las obras arrastran retraso con respecto a las perspectivas iniciales, septiembre parece ser el mes clave para reconducir la situación y dar respuestas a los afectados, que aseguran que las vibraciones "no solo no han remitido, sino que van a más", reiteran residentes de las calles El Bolón, La Hiniesta, Las Merinas, La Lobata, la avenida de Galicia y Huerta de Arenales.

El subdelegado del Gobierno, Jerónimo García Bermejo, se encuentra en comunicación constante con ADIF para mediar en el problema y permanece a la espera de respuesta por parte de la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. El órgano estatal ha estado sometido en los últimos meses a cambios en su directiva que también han podido influir en el retraso de las comunicaciones. El subdelegado del Gobierno trata de mantener informados a los vecinos, quienes reconocen el interés de la Subdelegación en Zamora, pero recuerdan también que "son más de tres años de ruidos y molestias".

Los afectados son partidarios de agotar primero la vía del diálogo, pero mantienen la puerta abierta a movilizarse si es necesario. Aseguran que llevan "casi cinco meses" a la espera de una reunión con ADIF -un encuentro solicitado a través de la Subdelegación del Gobierno- y de la que aseguran no haber recibido ni siquiera contestación. Ante este panorama, el colectivo urge la aplicación de la solución definitiva planteada por ADIF hace ya más de dos años, que consistía en un sistema de insonorización pionero en el país que garantizaría el fin de las vibraciones registradas en las viviendas.