El Tribunal Supremo ha anulado siete sectores del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 que fueron declarados como urbanizables. El Ayuntamiento de Zamora deberá revertir a rústico estos terrenos que suman 1,3 millones de metros cuadrados en la margen izquierda del río Duero y que afectan a los barrios de San Frontis, Cabañales y Pinilla. El Supremo ratifica así una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de Castilla y León a raíz de una reclamación formulada por la asociación de regantes del Canal de San Frontis, que consideraban que el suelo estaba bajo protección agropecuaria. El Consistorio, además, queda obligado a pagar las costas del proceso hasta un máximo de 5.000 euros a medias con la Junta de Castilla y León.

El Plan General de Ordenación Urbana del año 2011 ha sufrido un nuevo revés judicial con esta sentencia del Tribunal Supremo que obliga a revertir siete sectores declarados como urbanizables a suelo rústico. Esta parte de aquel PGOU, cuya elaboración costó a las arcas municipales 300.000 euros, queda anulada merced a la reclamación interpuesta por la asociación de regantes del Canal de San Frontis. Los agricultores y ganaderos aducían que el terreno recalificado estaba bajo protección agropecuaria especial, además de manifestar que sobre esos suelos se había materializado una importante inversión para la acometida de la red de regadíos.

Estas peticiones fueron atendidas en primer lugar por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dio la razón a la asociación de regantes. La anterior Corporación Municipal del Ayuntamiento de Zamora, no obstante, interpuso un recurso de reposición contra la sentencia del TSJ y el asunto se elevó hasta el Supremo, donde la resolución ha sido ratificada. Al margen de las alegaciones presentadas por los regantes en materia agropecuaria, el Tribunal Supremo considera en la sentencia que debe defenderse "el criterio de desarrollo sostenible de acuerdo con la previsión de incremento poblacional y las necesidades reales de suelo y vivienda". Algo que, según Francisco Guarido, ya advirtieron los técnicos municipales antes de la redacción del Plan de Urbanismo del año 2011.