La votación dejó fuera a Zamora de una campaña contra el "apartheid israelí"... Y quizá fue lo mejor para evitar problemas mayores. Los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora llevaron al Pleno del pasado lunes una moción para declarar a la capital como "Espacio Libre del Apartheid Israelí" y fomentar la cooperación con el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Se trataba, como dijo el alcalde Francisco Guarido, de una declaración política en apoyo al pueblo palestino en colaboración con el Colectivo Al Madafa, que también estuvo presente en el Pleno. El secretario municipal, tras la lectura de la moción por parte de Laura Rivera, tomó la palabra para poner en duda la legalidad del texto. "Esta Secretaría no garantiza que esté ajustado a derecho y sería conveniente contar con un informe jurídico al respecto", dijo. No obstante, se votó. Y con los 11 sufragios de IU-PSOE y la abstención del resto, la moción no pasó la urgencia.
Los precedentes que existen sobre esta moción en otros ayuntamientos de toda España dan razón al secretario municipal. Hasta el momento, los consistorios que se han sumado a esta iniciativa son Santiago de Compostela, Gijón, Castrillón, Langreo, Navalfuente, Telde, Campillos, Villa de Muro de Alcoy, Concentaina, Sant Boi de Llobregat, Abrera, Onda y Avilés. Precisamente este último ayuntamiento asturiano ha tenido que dar marcha atrás tras la denuncia de la organización Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM), que también ha emprendido acciones legales contra la ciudad de Gijón. En el caso de Avilés, tras aprobar la moción contra el "apartheid israelí" en un Pleno del mes de diciembre, la pasada semana se vio obligada a recular por las medidas legales iniciadas por ACOM.
Razonamiento imposible
Entre las razones esgrimidas por ACOM para meter en el Juzgado a los diferentes ayuntamientos que han aprobado esta moción, sobrevuela la de la ilegalidad de promover un boicot para la contratación de aquellas empresas que tengan algo que ver con Israel. Este boicot, según informes jurídicos promovidos al respecto -en los que se ha basado el Ayuntamiento de Avilés para echarse atrás- "amenaza el derecho de las personas a no ser discriminadas, la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a no revelar religión, raza, origen nacional y opiniones personales", además de " infringir la Ley de Contratos Públicos y las Directivas Europeas sobre igualdad de trato". Pero quizás el asunto más grave es el de la posibilidad de incurrir en "un riesgo cierto por incitar al odio, a la discriminación, o a la violencia contra las personas afectadas por el boicot".
La campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) ha tenido también recorrido en diferentes países europeos. En Francia, por ejemplo, se ha condenado a doce activistas por las acciones de boicot a Israel. Mientras que en Reino Unido, el gobierno también estudia tomar medidas. Mientras tanto, varios juzgados españoles están en el Juzgado por una suerte de antisemitismo e incitación al odio contra Israel.
