"Los partidos usan los juzgados para atacar a sus contrarios"

-Los jueces vienen denunciando desde hace años la sobrecarga de trabajo que sufren.

-Es un problema crónico que se remonta a la dictadura, en los últimos años del franquismo se generó un déficit de jueces al no crearse plazas y no llegamos a la ratio media europea. No se acaba de asumir por los gobernantes y partidos políticos como un problema urgente a resolver, aunque no es fácil, se debe planificar. El Ministerio de Justicia tiene congeladas las plazas desde hace dos o tres años.

-¿Cuántos jueces se necesitan en estos momentos?

-Hacen falta unos 1.000 o 2.000 y tardaríamos entre cinco y diez años en llegar a un número razonable. Hay muchos problemas en la justicia, falta eficacia y hay que reestructurar los órganos judiciales, optimizar los medios que se tienen. Después, se podrá determinarse el número de jueces que se precisa.

-¿Exigen participar en esa planificación?

-No queremos privilegios, pero no podemos trabajar en estas condiciones. La mayoría tenemos más trabajo del asumible en una jornada de 37,5 horas y no podemos trabajar cansados por salud y porque nadie quiere que se trabaje en su causa con fatiga o sobrecarga. Hay que poner límites, elegir entre resolver de cualquier manera, sacar papel, como quiere el Ministerio o el Consejo del Poder Judicial, o que se retrasen los asuntos. Y nuestro trabajo no es solo sacar papel, sino resolver los problemas de los ciudadanos en condiciones óptimas.

-Por si fuera poco, llega la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce plazos para investigar las causas, el juez tendrá mucho menos tiempo.

-Esto es como el médico que para curar una enfermedad decide matar al paciente, pero no es una solución satisfactoria. Si estamos diciendo que el problema es que los medios son muy deficientes y que hay sobrecarga, decir "termine usted en seis meses", como estipula esta Ley, es imposible de cumplir porque tramitamos al mismo tiempo mil investigaciones y tenemos que dedicar a cada una su tiempo, 18 meses o 2 años. La solución es falsa, el Ministerio parece que vende que queremos dilatar las causas, no es verdad: queremos acabar cuanto antes, pero con medios y tiempo.

-En este Congreso han hablado de los riesgos de salud que conlleva la sobrecarga, ¿cuáles son?

-El saber que tienes el armario lleno de asuntos y que cuando termines uno saldrá otro y otro?, un trabajo que no acaba nunca, irte a casa sabiendo que en el armario hay 400 asuntos pendientes genera estrés. Si el juez no lo acaba antes es porque no puede, con el límite de seis meses lo que se provoca que se sobresean muchas causas o que se llegue a juicio sin pruebas, con lo que quedarán delincuentes y delitos impunes.

-¿Esta Ley empeora entonces la situación?

-Sí, como decía Groucho Marx el arte de la política es buscar problemas, encontrarlos, hacer diagnósticos equivocados y soluciones erróneas. El Ministerio está ejerciendo la política en ese sentido: limitar el tiempo de instrucción no va a solucionar el problema y a medio y largo plazo será más serio. Los políticos no se dan cuenta de que el problema no se genera al día siguiente de publicar la Ley en el BOE, sino dentro de dos años, cuando ya no nos acordemos del ministro que lo aprobó, cuando veamos investigaciones frustradas, delitos que no se pueden perseguir y delincuentes impunes, entonces se dirá que hay que reformarla.

-Detrás de esos diagnósticos equivocados y soluciones erróneas que dice, ¿no hay realmente un deseo de la clase política de que los jueces no les toquen porque están siendo el azote a la corrupción?

-Efectivamente, hay sospechas de que los políticos no quieren estar todos los días en los periódicos sin que se resuelva si son o no culpables, ni que las investigaciones se prolonguen en el tiempo, pues hombre, que nos den medios. Probablemente por eso han legislado así. No se dan cuanta de las consecuencias graves que puede tener para la investigación criminal. Nosotros queremos cumplir la Ley, somos respetuosos con las leyes, pero estamos advirtiendo de sus consecuencias, criticando la reforma porque afecta directamente a nuestro trabajo y estamos en nuestro derecho de hacerlo.

-El Gobierno alega que ustedes pueden solicitar la ampliación del plazo de investigación.

-Hasta 18 meses, no más, y depende del fiscal, que no es autónomo, depende directamente del Gobierno, con lo cual, yo no cuestiono la imparcialidad de los fiscales, pero existen presiones sobre determinados asuntos y un control sobre la carrera de jueces y fiscales, donde pueden influenciar los partidos políticos. Esto conlleva que se levanten muchas sospechas sobre para qué se ha hecho esto.

-¿El desgaste no lo sufrirá la figura del juez?, porque el ciudadano puede que no sepa que detrás de la imposibilidad de un juez para investigar puede estar la voluntad de un político para coartar esa función.

-Bueno, esa es la idea de los políticos, echarnos a nosotros la culpa, por eso las asociaciones intentamos llegar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y explicarlo. El ministro en Bilbao decía que no queremos cumplir las leyes, sí queremos cumplirlas, pero avisamos a los ciudadanos: las consecuencias no son culpa nuestra.

-A toda esta problemática se suma el "papel cero", esa decisión del Ministerio de que a partir del 1 de enero todos los juzgados estén digitalizados.

-Estamos llevando trabajo a casa, a lo mejor lo estamos haciendo mal, pero si no nos dejan llevar el expediente digital a casa para trabajar por las tardes, pues se plantea un problema muy grave, quizás para nosotros es mejor porque ajustamos la jornada laboral al horario que nos corresponde. La informática es una gran ayuda, es el futuro ya, pero solo funciona solo bien, sino es peor que el papel.

-¿Son escépticos respecto del cumplimiento de ese plazo?

-No es que seamos escépticos, vemos que no da tiempo, los propios interesados reconocen que ese plazo es irreal, no va a poder estar nada disponible, que no hay presupuesto y, aunque lo hubiera, no hay tiempo. La Administración mejor informatizada es Hacienda y en quince años no ha podido eliminar todo el papel.

-Puede parecer que se resisten a modernizarse.

-Creo que la informática es una gran ayuda si se hace bien y que es futuro, pero funciona si se hace, si se hace mal será peor que el papel. No se trata de imponer, sino de convencer de que es mejor que el método manual. Eso es lo que tienen que demostrar porque si al juez lo que antes le costaba una hora pasa a llevarle cinco, no verá la ventaja. La informática tiene que implantarse bien planificada, con buenos programas, medios suficientes y previsión, eso no se ha hecho.

-¿El Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás? La Oficina Judicial ya quedó en el aire.

-El secretario general de Justicia ha venido a decir que habrá problemas en enero pero que esto es como el sarampión, que hay que pasarlo porque es necesario implantar la informática y si no nos obligan nunca lo aceptaremos. Es como decir "voy a provocar el caos dos o tres meses, o dos o tres años o treinta" porque la Oficina Judicial se hizo de la misma manera, sin presupuesto, y lleva once años sin ponerse en marcha.

-¿Qué opina de la propuesta que ha lanzado Podemos de que sean los ciudadanos los que elijan a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial para evitar la politización?

-Es demagogia, la democracia directa funciona muy bien en comunidades muy pequeñas, pero en un país de 47 millones de habitantes, dejar las decisiones a la votación?, hay que tener mucho cuidado. Los sistemas de elección de los órganos de gobierno de los jueces no suelen funcionar bien porque se ven sometidos a los vaivenes de la política, no podemos hacer una asamblea con todos los españoles y al final son los partidos políticos los que manipulan, conducen o deciden. A todos nos interesa que haya jueces profesionales y capacitados, elegidos por su capacidad técnica y con métodos para seleccionarlos bien, que estén gobernados por personas por ellos elegidos. Ese es un principio democrático. Nos interesa un Poder Judicial independiente y que sea capaz de enfrentarse al poder a la hora de respetar la Ley.

-¿Y cómo sacar la mano del político del Poder Judicial?

-Muy sencillo, hay una doctrina del Consejo de Europa, que se creó después de la segunda guerra mundial para evitar que pasase lo que ocurrió en Alemania, donde democráticamente Hitler se hizo con el poder y eliminó a toda la oposición, incumplió las leyes y las reformó directamente.

-¿Qué implica esa doctrina?

-Dice que un Estado democrático tiene que ser al mismo tiempo de derecho y que este no existe sin un Poder Judicial independiente que haga respetar el derecho. Eso es lo que ahora se está diciendo con el caso de Cataluña, el respeto de la Ley es la base del Estado democrático porque esa Ley que hemos consensuado todos solo se puede cambiar de la forma en l que la consensuamos y si no, es la Ley del más fuerte.

-En estos últimos años asistimos a un poder Ejecutivo y a otro Legislativo que fagocitan al Judicial, cuya independencia está cada vez más en cuestión.

-El Poder Judicial debe tener una representación de la sociedad a través de juristas elegidos por el parlamento, pero la base sustancial, los doce jueces, deben ser elegidos por jueces sin interferencia ni servidumbre en su nombramiento.

-¿Es la fórmula para eliminar la politización?

-Eso puede funcionar y eliminar mecanismos de influencia de los partidos en el poder: los nombramientos de los tribunales deben correr a cargo de los miembros del tribunal y evitar que los políticos nombren jueces en sala, se considera un escándalo que en la sala del Tribunal Superior de Cataluña haya dos vocales nombrados por Convergencia, pero los hay en todas partes, en el de Andalucía nombrados por el PSOE. Los jueces no imponemos, damos nuestra opinión y pedimos que los ciudadanos nos escuchen porque los políticos no van a cambiar mientras la independencia de la justicia no sea una prioridad para los ciudadanos.

-¿Tienen la sensación de que todos los entuertos políticos provocados por los gobernantes y los partidos terminan en los juzgados y les toca a ustedes deshacerlos?

-Estamos investigando los casos de corrupción porque los partidos están enfrentados y la prensa todavía tiene cierto margen de libertad y al salir publicados ya no se pueden enterrar. Esa es la situación y, efectivamente, los partidos políticos usan los juzgados para atacar al contrario y tratan de parar los ataques contra ellos.

-¿El ansia independentista catalán se podría haber resuelto sin llegar al Constitucional?

-Sí, es una situación que se ha tolerado desde hace muchos años y si se hubiera sido un poquito más severo en la aplicación de la Ley probablemente se estaría en otra situación.