El Complejo Asistencial de Zamora tendrá que readmitir en sus puestos de trabajo al menos a tres médicos a los que Sacyl obligó a jubilarse mediante la aplicación de una normativa que impedía continuar en el servicio activo a los mayores de 65 años, incluidos los que ya tenían concedida la prórroga para continuar trabajando a partir de esa edad. Alguno de estos casos corresponde, además, a la categoría de jefe de servicio.

Aunque fueron más médicos, en torno a un docena, los que decidieron recurrir a los tribunales la decisión de la Junta y le ganaron el pleito han sido menos los que se han decantado por pedir al Tribunal Superior de Justicia la ejecución de la sentencia, al menos en la parte que toca a la reincorporación al puesto de trabajo.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia condenó a Sacyl en estos casos tanto a la readmisión de los doctores a los que había obligado a jubilarse a partir de los 65 años obligatoriamente como al abono de todas las cantidades que estos profesionales deberían haber percibido de continuar en activo desde la fecha del cese. Naturalmente, debían devolver lo que habían ingresado en concepto de pensiones de jubilación.

La Junta recurrió en casación, si bien los médicos pueden pedir ya la ejecución de la sentencia, lo que algunos han hecho. Sin embargo, quienes soliciten que se les abonen las cantidades atrasadas deben consignar una cantidad como caución (que en algún caso ronda los 80.000 euros) por si al final fuera la Junta quien ganara el caso. Este aval ha sido el que ha retraído a algunos doctores a solicitar la ejecución de la sentencia en su totalidad, y han pedido sólo la reincorporación a sus puestos de trabajo.

De momento hay reingresos solicitados desde hace más de dos meses, sin que Sacyl haya contestado a los doctores quienes, en caso de que sigan sin recibir respuesta en un plazo prudencial podrían iniciar acciones penales contra el director general de Sacyl por desobediencia. De hecho, en León un doctor llegó hasta ese extremo, aunque al final fue recolocado.

Este tipo de casos se están dando no solo en Zamora, sino en todas las provincias de la región.

Fue a partir de marzo de 2013 cuando se produjeron la mayoría de las jubilaciones forzosas en el caso de todos aquellos doctores que tenían más de 65 años pero continuaban trabajando, al tener concedida prórroga para ello, merced a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos publicado por Sacyl.

El Tribunal Superior de Justicia no pone en duda la legalidad del Plan de Recursos Humanos. Sin embargo sí cuestiona la capacidad legal del director gerente de la Gerencia Regional de Salud, que es un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad, para establecer una norma de esas características. Y es que el gerente sólo puede ejercer las competencias que expresamente tiene atribuidas y las de dictar normas como la Ordenación de Recursos Humanos no está establecida en la Ley General de Sanidad. "Es al consejero de Sanidad el competente para adoptar un acuerdo extintivo de la relación de servicios como el analizado", señala la sentencia del Tribunal Superior.