Lejos de considerarla una "ley mordaza", los responsables de la Confederación Española de Policía (el sindicato CEP) no dudan en afirmar que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que tanta contestación social ha tenido, servirá "para proteger y dar seguridad" a los españoles. No deben temer por sus derechos, "en el 99% de las normas que parecen tan rígidas, nosotros las flexibilizamos en cuanto a su aplicación", declaró ayer el secretario regional de esta formación, Félix Ruiz. Una cosa es la teoría, lo que se recoge en la Ley, lo que aprueban los legisladores, y otra trabajar con ella sobre el terreno, "los políticos nos sueltan las normas y luego hay que empezar a ver cómo aplicarlas". Además, "con los mismos medios", lamenta, para colocar en primera fila la reiterada denuncia de la falta de personal.

El representante sindical quiso hacer especial hincapié en que el policía tiene la obligación de acatar la Ley, "nos guste o no. Yo puedo estar en desacuerdo con los desahucios, pero estoy sometido a la Ley", solo "somos profesionales, las normas las hacen los políticos", reiteró. Ruiz, que acudió ayer a Zamora para estar presente en la jornada de formación sobre la implicación en sus funciones de la reforma que implica la Ley de Seguridad Ciudadana, lamentó que "el Gobierno no nos esté formando". Esto es lo que ha llevado a su sindicato a tomar la iniciativa para que los policías puedan saber qué establece la nueva legislación.

La jornada de formación de la Policía Nacional, inscrita en el foro de Justicia y Seguridad que desde hace quince años tiene en marcha el CEP, se ha abierto a guardias civiles y policías municipales, con lo que ayer en el salón de actos de La Albóndiga se dieron cita 60 agentes. A través de este tipo de actividades el CEP acerca las reformas legislativas, así como del Código Penal, a quienes están encargados de aplicarlos.

Los ponentes destriparon el contenido de una ley que transforma en sanción administrativa muchos de las infracciones penales que hasta el próximo uno de julio eran delito o falta, entre los más comunes los desórdenes públicos, la tenencia de estupefacientes y armas o la desobediencia a la autoridad policial. La norma otorga competencias al policía para identificar, cachear a los ciudadanos o registrar vehículos cuando lo estime oportuno, aunque "tiene que haber motivos racionales de que se está alterando el orden público", explica Matías Blanco, responsable del CEP en Zamora, para desterrar los temores ciudadanos sobre la posible acción arbitraria de los agentes. Los policías conocieron ayer cómo deben tramitar los expedientes sancionadores y elaborar las actas, que pueden conllevar multas de entre 600, la falta leve; y de 6001 a 60.000 euros, la más grave.