Los arrestados en la capital por el delito de tráfico de armas podrían enfrentarse a penas de prisión de entre seis y diez años. Y si se les imputara la pertenencia a un grupo organizado para la venta de armamento, las penas que podría exigir la Fiscalía Provincial oscilarían entre los cuatro y los ocho años de prisión. El Código Penal estipula que "el depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con las organizaciones o grupos terroristas" recogidas en la Ley. Para "quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal" las penas de prisión serán de cuatro a ocho años "si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos".
