Alrededor de doscientos zamoranos, entre estudiantes y comunidad educativa, participaron ayer en la manifestación en protesta por el Real Decreto que modifica la estructura de las enseñanzas universitarias, popularmente conocido como "3+2". La convocatoria no logró el impacto esperado, pero aún así los organizadores aseguraron que el ambiente en los centros es "de absoluto rechazo a esta nueva reforma". La marcha llevó a los manifestantes desde el parque de la Marina hasta la Subdelegación del Gobierno, donde se leyó un comunicado en el que se pidió la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, así como de la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de España, Montserrat Gormendio.

"La gente responde de forma desigual. Esta vez el seguimiento en la calle es menor, pero la comunidad educativa está hasta las narices". Son palabras de José García, portavoz del Sindicato de Estudiantes en Zamora, tras comprobar que la afluencia a la marcha no iba a ser multitudinaria. La razón que atribuyen los convocantes a la escasa participación es la posibilidad de un cambio en los próximos comicios nacionales. "La gente está esperando a ver qué ocurre en las elecciones, porque por primera vez atisban expectativas de cambio", explica García, quien asegura que los estudiantes cuentan, además, con el apoyo de los profesores en esta cruzada.

Entre las reivindicaciones que los estudiantes trasladaron ayer a las calles, aparte de las dimisiones de ministro y secretaria de Estado, se encuentra la retirada inmediata del Real Decreto. "Una reducción a tres años de carrera implica que al final de los estudios no se hayan dado los contenidos necesarios. Esto obliga a estudiar un máster para completar la formación, algo que cuesta de 2.000 euros en adelante", indica el portavoz. "Con el "3+2" habrá miles de estudiantes que abandonen la universidad por no poder hacer frente a su coste o que salgan de ella con una cualificación insuficiente para afrontar el mundo laboral tal y como lo conocemos actualmente", detalla José García. "En definitiva, esta reforma no deja de ser un intento de destruir la educación pública", concluye.