Un total de 1.430,5 millones de euros es la suma que se jugaban las empresas que recurrieron al Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, por no estar de acuerdo con la decisión que tomaron la Junta o los ayuntamientos a la hora de adjudicar algún bien o servicio. El tribunal, que preside Mario Amilivia, que aprovecha la misma estructura del Consejo Consultivo fue quien decidió
El más goloso, el contrato de las ambulancias para la mayor parte de las provincias de la región, que Sacyl convocó por 360 millones. Fueron tres los recursos presentados, dos por la UTE Castilla y León y el tercero por la UTE Transporte Sanitario Integral de León. En ambos casos se desestimaron las reclamaciones.
Es la Junta de Castilla y León la que más recursos genera. El año pasado de los 96 asuntos que ventiló el equipo de Amilivia, 42 correspondían a la Administración Autonómica, a los que se suman otros seis presentados por contratos de Agencia de Desarrollo Económico (ADE), cuatro contratos en Valladolid y dos en León. El segundo grupo de contratos que más reclamaciones registran es el compuesto por los procesos de la Administración Local. Son cuatro de diputaciones provinciales (León, Burgos y dos de Salamanca), 27 de ayuntamientos, y dos de otras tantas juntas vecinales. Los contratos de las universidades (limpieza de edificios y otro tipo de servicios), especialmente los de la de Salamanca, generaron 15 de las resoluciones. El Tribunal de Recursos Contractuales se dedica al conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Además de la agilidad ofrece el marco para resolver el conflicto desde la independencia, al margen del departamento implicado.
