El inspector zamorano de la Policía Nacional José María Ballesteros, condenado por la Audiencia Nacional por el caso Faisán, junto al exjefe de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, podría ver frustradas sus expectativas de conseguir el indulto ante la oposición de los magistrados que juzgaron la causa, que alegan falta de "motivos de equidad ni de utilidad social" al mismo. Remitieron dos informes al Ministerio de Justicia en los que aluden a la nulidad de la interceptación de conversaciones orales mediante micrófonos hecha por el Tribunal Constitucional, argumento que, al parecer, podrían alegar los dos condenados, de acuerdo con la información difundida en medios nacionales. Precisamente, la grabación de una conversación entre el dueño del bar Faisán, el fallecido Joseba Elosua, y su yerno Carmelo Luquín, dio origen a la causa. La Audiencia condenó a Pamies y a Ballesteros en octubre de 2013 a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación, respectivamente, por revelación de secretos por el chivatazo a ETA en el mencionado bar de Irún, penas que confirmó el Supremo, para las que se pide el indulto.
