La inclusión de los hijos de maltratadores como víctimas de violencia de género está todavía por aplicarse en España, algo que no alcanza a comprender la abogada experta en la materia, María Jesús Porto Urueña, quien echa de menos la valoración de la peligrosidad de los denunciados respecto de sus vástagos para si deben o no verles.

-La ONU condena al Estado español a indemnizar a una mujer por el asesinato de su hija a manos de su maltratador y padre de la niña durante una visita sin supervisión. ¿los jueces aún no han tomado conciencia de la magnitud de esta lacra social?

-No se puede generalizar, ni pretender la aplicación de medidas como la suspensión del régimen de visitas o la orden de alejamiento al maltratador respecto de los hijos menores. Hay que examinar cada caso concreto y es aquí donde se detecta la carencia de medios materiales y humanos en los juzgados. Los jueces deben tomar decisiones en un plazo de tiempo muy corto y sin un estudio exhaustivo, en profundidad, sobre la peligrosidad del maltratador, con informes del equipo psicotécnico (trabajador social, psicólogo y forense...).

-¿En qué consiste el estudio que se realiza actualmente?

-El protocolo recoge un cuestionario para la víctima de violencia de género tan cerrado que resulta insuficiente, recoge preguntas sobre gustos o aficiones del agresor, por ejemplo, pero no un análisis del caso particular, de la familia, del entorno, incluso del menor que vive en ese núcleo familiar. Un informe que debería servir para que el juez pudiera valorar si deben o no permitirse las visitas al agresor.

-¿Cómo se determina entonces esa peligrosidad hacia el menor, si existe o no un riesgo para el hijo del maltratador?

-Es que no se valora la peligrosidad del agresor hacia el menor, solo hacia la mujer que sufre la violencia de género. Para que existan medidas cautelares para proteger al menor tiene que haber sido prácticamente agredido por el padre. Que el niño o la niña presencien episodios de maltrato del padre hacia la madre no implica que el juez estipule esas medidas hacia los menores, aunque sí supone una agravante del delito y de la pena que se impondrá al maltratador.

-Los hijos que viven en sus hogares la violencia de género, ¿sufren normalmente el maltrato físico y psicológico del padre?

-Para mí, un niño que vive en un ambiente de violencia en su propio hogar sufre maltrato. Los hijos están sometidos a una situación de estrés psicológico, aunque no haya agresión física eso les perjudica.

-¿Qué secuelas sufren?

-La violencia de género atenta contra su desarrollo psicológico. Otro daño colateral consiste en el niño percibe ese comportamiento agresivo como normal en la relación familiar, por eso suele ocurrir que muchos niños son maltratadores cuando llegan a adultos. Como abogados nos encontramos con los típicos casos de utilización de los hijos para lograr otras pretensiones y se llegan a negar, por el ejemplo, gastos que el padre habría aprobado cuando la pareja compartía la vida.

-¿Cómo cree que contempla a su progenitor el niño o la niña que vivido en ese entorno?

-Se encuentra en una situación muy conflictiva: entre alguien al que quiere mucho, su madre, y ante alguien que está maltratando a su madre. Es muy difícil para ellos y, en muchas ocasiones, son muy manipulados.

-¿Tienen miedo a quedarse solos con sus padres maltratadores?

-Para valorar eso están los psicólogos, el equipo psicotécnico realiza entrevistas por separado con los padres, con los niños y con profesores próximos al menor y su entorno familiar. Estos profesionales pueden ver qué es lo que sienten los hijos, si tienen miedo o no.

-Desde su experiencia como abogada y como experta en la materia, ¿cómo definiría el estado en el que se halla un menor que ha vivido con ese padre violento?

-Efectivamente están asustados, se niegan a estar con su padre. Los hijos han visto mucha violencia, aunque sea psicológica, para un niño incluso la sola pérdida de nervios de un adulto constituye una experiencia traumática, no asimilan como un adulto esas situaciones aunque sean puntuales, para ellos todo se magnifica.

-Pero se continúa sin contemplar a los niños como víctimas de esa violencia machista.

-Obtienen asistencia psicológica, pero es importante que se les equipare como víctimas de violencia de género. Cuando se da la situación de conflicto deberían ser atendidos de manera inmediata en el juzgado, pero ocurre que un solo equipo multidisciplinar, como ocurre en Zamora, es insuficiente para atender con prontitud todas las valoración que pedimos los abogados. La imparcialidad que las preside es esencial para que el juez dicte medidas provisionales de protección. Llegan tarde por falta de esos medios y retrasan la celebración del juicio.

-El Gobierno incluye al menor que sufre estos delitos en el protocolo de Estatuto de la víctimas de infracciones, ¿por qué no en Ley de Violencia de Género?

-Hubiera sido tan sencillo como modificarla para ampliar el concepto de víctima, una carencia que han tratado de suplir las leyes específicas de las autonomías. Los jueces han suplido ese vacío normativo, pero los ciudadanos necesitamos una seguridad jurídica. En Castilla y León, se incluye la protección integral a mujeres víctimas de delitos sexuales, de trata de personas, de acoso laboral y de acoso por razón de sexo.

-¿Casos como el de José Bretón han provocado ese tratamiento especial?

-Lamentablemente, en este tipo de cuestiones siempre el legislador reacciona cuando ya se han producido casos graves. En una sentencia de Almería respecto de un maltratador que mató a su esposa y dejó huérfana a su hija tuvo que ser el juez de lo Social el que estipulara que la niña debía cobrar la pensión de viudedad de su madre, salva así el vacío normativo, pero habrá que esperar a ver qué decide el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque el INSS ha recurrido.

-¿Los jueces han sido demasiado garantistas con el padre maltratador?

-No me atrevo a generalizar porque existe una ley que protege al menor y unos derechos universales que incluyen el de relacionarse con la familia. Cuando entra en conflicto este último derecho con el que el menor tiene a la seguridad, debemos estudiar si existe peligro para la integridad del niño; si se suspende el derecho del padre a estar con él o si es posible establecer pautas para permitir esa relación. El asunto es muy complejo.

-¿Existe un vacío legal respecto a cómo actuar?

-Sobre el papel, todo está muy bien en la Ley, se habla de que se promoverán actuaciones..., etcétera, pero cuando se produce el conflicto, todas las partes implicadas tienen derechos y hay que ver los de quién prevalecen. Personalmente, no estoy de acuerdo con la suspender el régimen de visitas cuando existe una denuncia.

-¿Y cuando existe una condena firme?

-Es difícil suponer que todo el asunto no ha causado perjuicio al niño, habría que adoptar medidas.

-¿Considera que hoy nadie cuestiona la Ley de Violencia de Género aprobada hace ahora diez años por el PSOE y tan contestada entonces, incluso por el nombre que se le dio?

-No, no creo que hoy haya rechazo ni a la Ley ni al concepto, socialmente se está luchando para que deje de existir el maltrato, pero tiene una raíz psicológica que no se cambia con la Ley. Lo importante es que las nuevas generaciones sienten un rechazo total hacia esta lacra, aunque es curioso el alto índice de denuncias de menores de 30 años. La igualdad de sexos no se consigue con las leyes.

-De hecho, los casos continúan aumentando, ¿existe un camino por recorrer en cuanto a educación en igualdad se refiere?

-Sí, y se complica si no conseguimos erradicar esta lacra y se acaba viendo como una noticia normal. Niños y jóvenes tienen que ver un cambio en sus mayores.

-¿Estima excesivo, como se critica en algún sector, que se detenga de inmediato a un denunciado por maltrato?

-Sí en algunos casos porque puede estar hasta 72 horas detenido, el problema es que sigue habiendo mujeres asesinadas, de ahí que se anteponga la seguridad de la víctima a otros derechos.