El presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo manifestó ayer su "deseo de cumplir la ley y si es posible devolver ese porcentaje de la paga extraordinaria" retenida a los empleados públicos en la Navidad de 2012. "Siempre hemos puesto una condición, que la devolución sea legal, que se haga conforme a la ley. Los informes técnicos de la Diputación internos dicen que no procede y hemos sido consecuentes con ellos. A partir de ahí, hay distintas sentencias y nos enfrentamos a los distintos procedimientos judiciales. La Junta de Castilla y León ha pagado porque hay sentencias que le obligan y la Diputación en el momento en que tenga solo una sentencia que le obligue, lo pagaremos. Es más, es que tenemos el dinero reservado", explicó Maíllo. Es decir, con una sentencia que lo diga, la Diputación pagará, pero no sin este requisito. "Si lo hacemos unilateralmente podría darse el caso de que recurra el Gobierno, que está recurriendo las devoluciones, nos encontráramos con una sentencia favorable al Ejecutivo y tuviéramos que exigir a los funcionarios la devolución de ese porcentaje, con lo que provocaríamos un lío fantástico". Eso si, reiteró, la voluntad de la Diputación es pagar la parte de la extra que se debe a los funcionarios y hay dinero para ello. Por otra parte Maíllo dijo que, una vez pasadas las elecciones, se reunirá con los sindicatos en cuanto se lo pidan.
