El Sindicato Unificado de Policía (SUP) inició hoy su calendario de movilizaciones contra el anteproyecto de la nueva ley de personal. La organización sindical ha declarado el conflicto colectivo porque la Dirección General de Policía pretende "imponer una ley que supone muchos retrocesos para el colectivo". Así lo señaló hoy en Zamora la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, en declaraciones a los periodistas, durante la concentración convocada a las puertas de la Comisaría provincial, presidida por una pancarta con el lema 'Derechos profesionales. No a la ley de personal'.

El SUP es el único sindicato que, por el momento, ha declarado el conflicto colectivo y ha convocado movilizaciones en todas las comisarías provinciales y jefaturas superiores, aunque otras organizaciones también se oponen a este anteproyecto de ley. "El sindicato se moviliza y se concentra para mostrar nuestra repulsa a este anteproyecto de ley y para que la Administración nos escuche como máximo responsable de los sindicatos policiales y de nuestros compañeros de la Policía", manifestó la representante sindical, quien también dijo que el colectivo al que representa "no quiere más recortes".

Gracia explicó que los cambios fundamentales recogidos en el anteproyecto de ley pivotan en torno a dos cuestiones: "La primera es que se nos quiere privar del derecho de cualquier compañero de poder estar en activo hasta los 65 años, lo que supondrá que, en unos años, los ciudadanos no contarán con los policías para poder tener una seguridad ciudadana adecuada", aseguró la máxima representante del SUP. "Además, nos quieren imponer una carrera profesional en la homologación con los títulos académicos y nosotros seguimos manteniendo que la carrera policial tiene que prevalecer sobre la titulación académica", agregó.

Entre otras muchas cuestiones a las que se opone el sindicato que representa a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se encuentra la obligación de "residir en una zona adecuada, que ellos consideren oportuno", según subrayó Mónica Gracia. "Nosotros creemos que tenemos que tener la libertad de residir donde queramos pero son infinidad de cuestiones que ya teníamos recogidas y que ya eran derechos adquiridos durante muchos años y que ahora nos quieren coartar", destacó.

Aunque el calendario de movilizaciones contra este anteproyecto de ley acaba de iniciarse, los representantes sindicales tienen previsto, si sigue adelante, "estudiar nuevas medidas para que los ciudadanos sepan en qué situación se va a encontrar la Policía y, por ende, la repercusión que tendrá en el servicio que prestaremos a todos los ciudadanos", como resaltó la secretaria general del SUP.

Por su parte, el secretario general del SUP de Castilla y León, Jesús Vicente González, hizo hincapié en que "lo que puede ser un problema de ámbito nacional, se puede multiplicar casi logarítmicamente en una comunidad autónoma como Castilla y León y en una de sus comisarías provinciales, como ser Zamora, porque hemos pasado en tres años de publicar en el ámbito nacional de 4.500 o 5.000 e, incluso, 5.500 plazas, a apenas 200 plazas", según indicó.

"Esas 200 plazas para toda España, cuando se convierten ya en funcionarios al efecto de Policía Nacional, cuando juran el cargo, van a ir a sus plantillas y van a ser plantillas grandes. Es decir, van a ir en su mayoría principalmente a Madrid y la Comunidad de Valencia y, por ende, los concursos internos por los que nos movemos después para ir destinados a Zamora, Salamanca o Valladolid, por ejemplo, en definitiva, a Castilla y León, van a quedar prácticamente congelados, por lo que vamos a tener un problema a corto o medio plazo al nivel personal humano", explicó González.