La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) pidió a la Dirección General de Medio Ambiente que “aclare las medidas reales” que adoptará la Junta para “luchar contra los recurrentes casos de veneno” registrados en Castilla y León, después de hacer un seguimiento del caso de un canis lupus hallado muerto a principios de este año en la provincia de Zamora.

La organización ecologista se refiere a un ejemplar de lobo macho que el Seprona recogió el pasado día 7 de enero en la provincia de Zamora. La Benemérita siguió el protocolo Antídoto y trasladó después el ejemplar al CRAS de Valladolid.

Ante este suceso, Ascel pidió a la Dirección General del Medio Natural una copia de la necropsia y las medidas que el servicio aplicaría en caso de confirmarse el envenenamiento del animal. “Tres meses más tarde, recibimos un informe incompleto de necropsia, confirmando que el veneno ha sido la causa de la muerte de este lobo de dos o tres años de edad y unos 30 kilos de peso”, detallaron. “El contenido estomacal desprendía un olor químico muy acusado y estaba repleto de trozos de carne grasa blanquecina, posiblemente, tocino porcino, con un pequeño granulado oscuro compatible con producto químico tóxico”, añadieron.

En este contexto, Ascel denunció que la respuesta ante el lobo envenenado por parte de la Administración fue una notificación de que, al hallarse al norte del río Duero y considerarse especie cinegética, “se descartaba aplicar medidas especiales” de lucha contra el veneno. “En ningún momento hemos solicitado la aplicación de medidas especiales, sino un listado de las medidas que la Dirección General del Medio Ambiente aplicará en este caso. Entre dichas medidas podrían encontrarse palabras tan obvias como investigación, diálogo, lucha contra el veneno o prevención”, criticaron los responsables de Ascel.

“Esa sencilla pregunta, tal y como la formulamos, solo pretende plasmar en el papel el compromiso de esta administración en la lucha contra el veneno. Dada su respuesta, queda obvio que la Junta de Castilla y León desiste abiertamente de llevar a cabo sus tareas encomendadas en la legislación, que no solamente afectan de forma negativa a la fauna silvestre, sino que también pueden tener graves repercusiones en la salud humana”, concluyeron.