Nueve meses por un delito de desobediencia a la autoridad y un año por otro delito de coacción es la pena a la que se enfrenta el miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zamora tras los hechos ocurridos en la sucursal de Caja Madrid de la avenida Cardenal Cisneros en mayo de 2012 tras una manifestación frente a la oficina, cuando el acusado intentó entrar asegurando que era cliente y los empleados llamaron a la Policía Nacional. Su abogado defensor remarcó que en ningún momento hubo actitud violenta por parte de su defendido en esos momentos.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, el vigilante de seguridad, según la declaración de uno de ellos, les explicó que el acusado «estaba agresivo y había empujado a algunos clientes» y que quería formalizar una denuncia. Fue entonces cuando se acercaron a pedirle la identificación, algo que tardó en cumplir, exigiendo primero que ellos le dieran su número de placa. Momentos después llegaba un fotógrafo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y el acusado le recriminó que se centrara en hacerle fotos a él cuando estaba discutiendo con los policías, llegándole a insultar según el testimonio del fotógrafo, aunque reconoció que finalmente pudo hacer su trabajo.

La fiscal mantuvo su petición por ambos delitos, aunque instó a la jueza a que, si lo consideraba oportuno, las coacciones se quedaran en solo una falta. Por su parte, la defensa remarcó que la trascendencia de estos hechos había sido «desproporcionada», así como la petición de la pena. «No ha habido posteriores denuncias ni por parte de la sucursal ni por ningún particular», recordó el letrado. En sus conclusiones indicó que, aunque no fue inmediatamente, el acusado finalmente sí se identificó y que además el fotógrafo pudo realizar su trabajo. Por ello, consideró que tanto el delito de desobediencia a la autoridad como el de coacción para el ejercicio de la labor del fotógrafo en esta situación concreta «no se puede encorsetar en el Código Penal».