El Ayuntamiento tiene que desembolsar 300.000 euros por una sentencia en su contra y en favor de los expropiados de la ampliación del Polígono Industrial de la Hiniesta, actuación contemplada en el Plan de Urbanismo de 2001, que fue anulado por el Tribunal Supremo, según informan desde el grupo municipal de Izquierda Unida. La sentencia dice que el Ayuntamiento ocupó ilegalmente las fincas. Como es imposible volver a la situación inicial ya que la ampliación al día de hoy es un hecho, se declara una responsabilidad del Ayuntamiento del 25% de la tasación de las parcelas en el justiprecio, más los intereses de demora desde el 2007. IU solicitará en la Comisión de Economía que se dé cuenta de si existen más demandantes.
