La Policía investigaba al «Elefante de Oro» desde el año 2001 por presuntos indicios de que en el local se podía estar traficando con personas para ejercer la prostitución, debido a las remesas de dinero que viajaban hasta Argentina, detectadas por un informe de la Brigada de Delitos Monetarios. Desde entonces la Policía ha estado indagando en torno a las actividades de este local, labores que incluyeron inspecciones en el club de la carretera de Tordesillas e incluso la recopilación de testimonios que no se llegaban a corroborar por parte de los confidentes porque siempre «desaparecían del mapa».
Este fue parte del contenido de las declaraciones del jefe de grupo de la Brigada de Extranjería de Zamora durante el interrogatorio al que le sometieron fiscal y defensas en la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia contra una presunta trama de prostitución ilegal de la que se acusa a las ocho personas que se sientan en el banquillo: el matrimonio dueño del Club, su hijo que trabaja en el local y otra empleada (la «mami»), un taxista de Coreses y otras tres mujeres que presumiblemente se dedican a la prostitución allí. Por el estrado pasaron diez policías nacionales (dos de ellos declararon desde Madrid por vídeo conferencia) y tres empleados que en 2007 trabajaban en la oficina de Caja España de la avenida de Requejo, desde donde se realizaban operaciones de envío de dinero mediante el sistema Western Union a un receptor de Argentina, presuntamente el captador de las chicas que luego llegaban a España para trabajar en el «Elefante de Oro».
Los testimonios centrales corrieron a cargo de los responsables del operativo de la «Operación Safari», el inspector jefe de la brigada central de inmigración de Madrid y el inspector jefe que dirigió el grupo de extranjería de Zamora. Ambos relataron el funcionamiento de la presunta red de prostitución ilegal: captaba chicas en Argentina o Chile que llegaban a España en avión, eran recogidas por el taxista, ejercían la prostitución de el Club de Coreses hasta que pagaran la deuda acumulada, vigiladas y controladas por el resto de las personas que se sentaban en el banquillo de los acusados.
El jefe del grupo de Zamora explicó que la explotación de mujeres se producía sobre las de origen sudamericano, a quienes no se pagaba, sino que se les retenía el dinero a cuenta de la deuda acumulada, en tanto que otras prostitutas que trabajaban en el local de otras nacionalidades, fundamentalmente rumanas, sí ejercían libremente el oficio.
El policía defendió la legalidad del registro efectuado en «El Elefante de Oro» en 2007, que se hizo con la oportuna orden y en presencia del secretario judicial, además de la entrada en las habitaciones, donde se encontró documentación, dinero y armas; e incluso en el domicilio del hijo de los dueños, que vive en una casa aparte, aunque dentro del recinto vallado del club de alterne. Asimismo indicó que las mujeres que declararon como testigos protegidos lo hicieron voluntariamente y sin coacciones, aunque reconoció que es cierto que la ley permite regularizar a quien ayuda a desmontar las redes de prostitución ilegal. «Pero yo no regularizo a nadie, sólo informo de los hechos al departamento que tiene que hacerlo», destacó.
Otra parte interesante de la sesión fue el testimonio de los empleados de Caja España, quienes aclararon que los envíos de dinero hacia Argentina los hacían las chicas, a veces acompañadas del taxista y otras en solitario, ya que éste les esperaba fuera o tomando un café. Admitieron que algunos envíos no los realizaba ni los firmaba la persona que físicamente acudía con la documentación de otra a formalizar el envío. Se mandaban transferencias de tres mil euros, casi todas a los mismos destinatarios.
