El abastecimiento de agua a Morales del Vino arrancará este verano con un límite de 500 metros cúbicos diarios una vez que se ponga en funcionamiento el equipo instalado en el año 2004 por la Junta de Castilla y León, sin estar operativo desde entonces. El Ayuntamiento de la localidad limítrofe ha hecho ya un ingreso de 7,8 millones de euros por la puesta en funcionamiento del servicio que pretende que «el crecimiento de Morales no sea a costa de Zamora», indica el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de la capital, Feliciano Fernández, que explicó ayer a la oposición las condiciones del convenio durante la comisión del área. El acuerdo marco establece garantías respecto al pago ya que el Ayuntamiento de Morales se acogería al nuevo reglamento de aguas que implica el corte del servicio ante dos recibos sin pagar. Además, será obligada la revisión de sus redes y «bajo ningún concepto se pondrá en peligro el abastecimiento al polígono de Los Llanos», advierte.

La comisión sirvió también para dictaminar la prórroga de «Zamora Limpia» ya que la nueva normativa en vigor anula la prolongación automática del servicio durante cuatro años establecidos en periodos de dos y dos, tal y como figuraba en el contrato, de modo que «esta nueva regulación obliga a llegar a un acuerdo entre las partes». A punto de cumplir diez años de prestación, el concejal calcula que continuar con el servicio de «Zamora Limpia» supondría a partir de octubre un ahorro al año de 200.000 euros «porque ya se han amortizado todas las máquinas», indica para evitar una nueva adjudicación. La decisión de la continuidad ha contado con el apoyo de PP, PSOE y Adeiza y la abstención de IU.

Tanto el PSOE como IU piden la anulación del procedimiento de adjudicación del servicio municipal de ayuda a domicilio, tal y como ha propuesto el servicio de Intervención municipal. Francisco Guarido (IU) tilda el proceso de «chapucero, improvisado y ambiguo» mientras que la concejala Ana Sánchez (PSOE) subraya «el caos y estado arbitrario del procedimiento». A las dos posiciones divergentes entre sí de los servicios de Asuntos Sociales y Hacienda se suma un nuevo informe técnico para elaborar una propuesta firme en unos días.